INTRODUCCIÓN

El “país sin indios”: discurso oficial, movimientos indígenas y academia

Tradicionalmente, la narrativa oficial sobre la identidad uruguaya construyó sus bases sobre la idea de un pueblo trasladado desde Europa, establecido en territorios ocupados por poblaciones indígenas desaparecidas. Esto asentó la idea general, aún ampliamente aceptada y repetida, de que, a diferencia de todos los demás países sudamericanos, Uruguay carecía de poblaciones indígenas (ver a este respecto ^{Verdesio, 2014}; Repetto, 2017; López Mazz, 2018). En los hechos, a partir del siglo XVI los indígenas fueron sometidos a un proceso de exterminio llevado a cabo a través de una serie de campañas militares (entre otros aspectos), de las cuales la masacre de Salsipuedes en los departamentos de Tacuarembó y Salto en 1831 se tornó en un símbolo para los sobrevivientes. El objetivo en esa ocasión fue la matanza de indígenas charrúas y minuanes que permanecían en esa zona. A pesar de que se registran campañas militares posteriores, Salsipuedes fue el hito histórico que marcaría el fin de los grupos indígenas en el territorio del recientemente independizado Uruguay. Este enfrentamiento no culminó con la desaparición física de los charrúas, y estos persistieron en la población uruguaya como resultado de su reparto como mano de obra (Acosta y Lara, 1979; Bracco, 2013; López Mazz y Bracco, 2021). Sin embargo, a lo largo de las décadas siguientes a la matanza, el discurso oficial del naciente Estado uruguayo construyó narrativas tendientes a presentar al indígena como un fenómeno del pasado, y al Uruguay como un territorio donde no había poblaciones indígenas (este proceso es desarrollado al detalle en Repetto, 2017). El nacimiento de la arqueología uruguaya a finales del siglo XIX, con la generación de colecciones de piezas pertenecientes a poblaciones supuestamente extintas, contribuyó a reforzar esta narrativa.

La idea del “Uruguay país sin indios” permaneció inalterada por casi un siglo y se vio seriamente cuestionada a partir de la década de 1980, desde ámbitos en un inicio contrapuestos. Por un lado, en 1976 se fundó la licenciatura en Ciencias Antropológicas en la Universidad de la República, que en años siguientes tuvo un rol fundamental en los estudios que evidenciaron la importancia de la contribución indígena en la conformación de la población uruguaya. Los estudios de genética antropológica revelaron este aporte como muy significativo: comenzando con marcadores fenotípicos y marcadores genéticos “clásicos” (grupos sanguíneos, proteínas eritrocitarias y séricas; Sans et al., 1986, 1997; Sans, 1992) y posteriormente polimorfismos del ADN (Bonilla et al., 2004, 2015; Sans et al., 2015a), se alcanzaron estimativos nacionales de 14% de aporte indígena, que al considerar la vía materna (a través del ADN mitocondrial) alcanza un 34% (Bonilla et al., 2015), llegando a superar el 60% en el norte del país (Bonilla et al., 2004; Sans et al., 2015a). Un elemento importante en el análisis de estos resultados fue la constatación de la continuidad de linajes maternos prehispánicos en la población actual (Sans et al., 2015b), lo que constituye una evidencia crucial acerca de la persistencia de la población originaria. Sin embargo, la evidencia genética contrasta radicalmente con una identidad indígena reivindicada por una fracción muy minoritaria de la población uruguaya, de la que solo un 4,5% declaró ascendencia indígena en la Encuesta Continua de Hogares en la primera década de este siglo (Sans, 2009), mostrando el efecto duradero del relato oficial en la autopercepción de ancestralidad en la población uruguaya (López Mazz, 2018).

También en la década de 1980 comenzó a gestarse un movimiento indígena uruguayo y un proceso de reemergencia de los charrúas, que se nuclearon con el fin de poner en evidencia en ámbitos públicos su no extinción y su existencia como colectivo social. La fundación de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (ADENCH) en 1989 constituye un hito fundamental en el movimiento. Posteriormente se observa un cambio en la identidad de los descendientes de pueblos originarios: los diversos colectivos indígenas integrados en el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA), creado en 2005, se declararon ya no descendientes, sino charrúas y han impulsado diversas acciones políticas hacia la formalización de su estatus (Re-petto, 2017; ^{Rodríguez, 2017}; Sans y Figueiro, 2018). En los años posteriores fueron surgiendo nuevas agrupaciones que reivindican una identidad originaria, en algunos casos omitiendo en su denominación la identificación con lo charrúa. El uso extendido del etnónimo “charrúa” en los primeros años de las reivindicaciones indígenas podría guardar relación con su identificación en el discurso hegemónico con la última parcialidad indígena en resistirse al impulso civilizatorio del naciente estado uruguayo.

Las investigaciones científicas y las reivindicaciones políticas indígenas transcurrieron por carriles paralelos durante la década de 1990, pero este paralelismo ocultaba la gestación de un conflicto. La formación universitaria no reconocía a los nuevos colectivos como movimientos indígenas legítimos, argumentando que carecían de continuidad cultural con las poblaciones de los registros históricos. Los movimientos de descendientes eran vistos con desprecio, y se etiquetaban con motes como “charruamanía”, siendo ridiculizados en artículos académicos y notas de prensa (por ejemplo, Pi Hugarte, 2003; ^{Vidart, 2012}). Mientras tanto, colectivos como ADENCH e INDIA (Integrador Nacional de los Descendientes de Indígenas Americanos) propiciaron acciones como la solicitud de devolución de los restos de los cuatro charrúas capturados en Salsipuedes que fueron llevados a París (Cuesta, 2006). Esta solicitud se materializó a través de la ley 17.256, que declara de interés general la ubicación y repatriación de estos restos, que serían inhumados en el Panteón Nacional. Esta disposición legal dio inicio a una serie de trámites diplomáticos que culminaron en 2002 con la llegada de los restos de Vaimaca Perú, que se encontraban en el Museo del Hombre en París, y su posterior depositación en una urna en el Panteón Nacional.

Hasta el momento, el de Vaimaca es el primer y único caso de reclamos indígenas vinculados con restos humanos, que suscitaron una disputa legal que se extendió de 2002 a 2004. Al momento de su repatriación, se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (FHCE-Udelar) para realizar un estudio bioantropológico de los restos de Vaimaca, que incluía perfil biológico, paleopatología y análisis de ADN. Mientras que INDIA se manifestó a favor del estudio (Sans y Figueiro, 2018), ADENCH se opuso e impidió el ingreso del equipo antropológico al Panteón, argumentando que la intervención era una exhumación y que exigía el permiso de un juez (Orfila, 2022). ADENCH interpuso tres denuncias penales (por profanación de tumbas y vilipendio de cadáveres) y un recurso de amparo, que fueron desestimados por la Justicia. Paralelamente a los recursos legales, se plantearon argumentos de apariencia científica contrarios al estudio, como la de que “Vaimaca no era un charrúa puro, sino mestizo y mezclado con europeos” (El País, 2004), evidenciando conceptos de “pureza” racial (o en este caso, étnica) de amplia presencia en el discurso genético (TallBear, 2013).

La sentencia definitiva con respecto al recurso de amparo dictaba: “sin desconocer el derecho a la paz sepulcral, habilita los estudios de carácter científico que permitan forjar sin ataduras, sin secretos y sin misterios la identidad de nuestro pueblo a fin de poder echar los cimientos para edificar nuestro destino futuro”, señalando el interés científico de los restos de Vaimaca más allá de los intereses de ADENCH que, según se expresa en la sentencia, “resulta revestida de una mera defensa de la legalidad (...) sin la expresión de la afectación de un interés directo, personal y legítimo de la Asociación accionante” (Minvielle, Klett y Chalar en Sans, 2004). Por último, el recurso a acciones legales por parte de ADENCH culminó en su concurrencia al Parlamento Nacional, que concluyó en la aprobación y promulgación de la ley 17.767 que prohibió los estudios a los restos de Vaimaca. Esta ley sigue vigente hasta el día de hoy.

Acercamientos entre la academia y las comunidades indígenas después de 2004

El conflicto suscitado a propósito de los restos de Vaimaca Perú, que involucró a los tres poderes del Estado, constituyó el primer y único choque explícito entre colectivos indígenas y academia en Uruguay. Después de este conflicto, zanjado por la ley 17.767, se regresó a un statu quo consistente en la continuación de las reivindicaciones políticas indígenas al margen de la academia (con la fundación del CONACHA en 2005) y las investigaciones académicas de “lo indígena” en Uruguay sin diálogo alguno con los colectivos. Como señala Repetto (2017, p. 136), llama la atención que los investigadores que abordaron el tema de los indígenas y descendientes de indígenas son ya sea uruguayos radicados en el exterior o extranjeros con estancia temporal en Uruguay, marcando un distanciamiento de estos con respecto a la academia uruguaya. Recién en 2011 se organizaron las jornadas “Pueblos Originarios: Nuevas miradas y debates en torno al pasado indígena”, organizadas por el Instituto de Ciencias Antropológicas (FHCE-Udelar), y seguidas por otros debates abiertos y directos entre colectivos indígenas y la comunidad académica (Magalhaes y Michelena, 2017). En los años siguientes, los diálogos fueron generados a instancias personales, ya sea por los académicos o por indígenas que cursaban la carrera de Antropología.

En 2021, la solicitud para declarar Salsipuedes como sitio de memoria evidenció un escenario muy distinto en el vínculo entre los colectivos indígenas y la academia uruguaya. La solicitud, presentada por CONACHA, ADENCH, Clan Choñik y Hum Pampa a la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria (creada por la ley 19.641 en 2018) fue acompañada por múltiples actores de la sociedad civil y de la academia, tanto de Uruguay como de otros países de América. El apoyo expreso del Instituto de Ciencias Antropológicas (la única institución universitaria del Uruguay con formación de grado y posgrado en antropología) marca un quiebre simbólico con una academia en cuyo seno, menos de dos décadas antes, se albergaba desconfianza y desprecio hacia los movimientos indígenas. Sin embargo, no había planteos colectivos a propósito de la posición de la arqueología con respecto a estos movimientos, y la inquietud de la disciplina por considerar el pensar y el sentir de quienes reivindican su relación con las poblaciones pasadas se estaba haciendo manifiesta. Esta inquietud se nutría de una voluntad por ponerse al día con el contexto regional, especialmente el argentino, donde la ley 25.517 establece la obligación legal de que los restos humanos indígenas deben ser puestos a disposición de los pueblos indígenas o comunidades de pertenencia que lo reclamen. En marcado contraste con esta legislación, en Uruguay hay un vacío legal en cuanto al destino de los restos humanos provenientes de excavaciones arqueológicas, cuyo carácter de resto arqueológico queda a discreción de la interpretación que le dé el investigador a la ley 14.040 y sus reglamentaciones. Este vacío legal también se constata en lo referente al reconocimiento de pueblos indígenas por parte del Estado uruguayo; esto es posible debido a que Uruguay no ratificó el Convenio 169 de la OIT, lo que exime por acción u omisión de tener una legislación acorde a los reclamos indígenas, ni aplicar protocolos de consulta.

CONVERSATORIOS ENTRE INDÍGENAS Y ACADEMIA

En 2021, los autores de este trabajo propusimos iniciar un intercambio formal con los colectivos indígenas que adquieren cada vez más notoriedad en el país. Esta idea surgió de nuestras inquietudes como investigadores y de la necesidad de un debate con los colegas. El marco colectivo para el diálogo lo proveyó nuestro gremio profesional, Arqueólogos del Uruguay Asociados (Arqua), una asociación fundada en 2015 y que nuclea a más de la mitad de los arqueólogos y arqueólogas del país. Propusimos iniciar un ciclo de conversatorios para problematizar la relación de las comunidades indígenas del Uruguay con la comunidad arqueológica, y recoger las inquietudes de colegas en cuanto a nuestro trabajo sobre los pueblos originarios. Esto permitiría generar una discusión acerca de la posición de la asociación con respecto al papel de los indígenas en temas como restitución de restos humanos, intervenciones de sitios arqueológicos, construcción conjunta de conocimiento y gestión del patrimonio cultural.

En este trabajo presentamos los resultados del diálogo iniciado en primera instancia entre profesionales de la arqueología, y en segunda instancia con las comunidades. Durante el año 2021 se realizaron tres conversatorios internos de la asociación profesional y un primer conversatorio en el que se invitó a los indígenas (figura 1). El objetivo de estas instancias fue sentar las bases para acuerdos y reflexionar sobre lineamientos pragmáticos y éticos adecuados al presente. Todos fueron realizados por videoconferencia a través de la plataforma zoom.

El primer conversatorio se celebró el 24 de marzo de 2021, con la participación de veintidós arqueólogos y arqueólogas y una finalidad exploratoria: se planteó a los colegas una dinámica en forma de “lluvia de ideas”, en las que pudieran expresar anónimamente las inquietudes y pensamientos respecto a los colectivos indígenas. Los temas que surgieron en esta instancia fueron agrupados por nosotros en cuatro ejes, nucleados en interrogantes recurrentes que referían a una inquietud común; estos ejes se describen en la sección Resultados.

De esta primera instancia surgió la idea de continuar los conversatorios y profundizar en los temas de reemergencia y etnogénesis. Con esta finalidad, la segunda instancia se realizó el 14 de abril de 2021 con la participación de los mismos veintidós colegas que asistieron al conversatorio de marzo. Se invitó a las antropólogas sociales Susan Lobo y Pilar Uriarte para que proveyeran una visión especializada sobre dinámicas étnicas e identidades indígenas en la modernidad. Luego de las exposiciones de las antropólogas se discutió nuevamente la posibilidad de abrir el diálogo con las comunidades indígenas y se sometió a votación; se resolvió por mayoría tener una nueva instancia de diálogo a puertas cerradas antes de abrir la convocatoria.

La tercera instancia de diálogo entre arqueólogos se realizó el 19 de mayo de 2021 con doce participantes. El único punto de discusión (si abrir o no el diálogo con los colectivos indígenas) concluyó con que las dudas e inquietudes entre colegas ya habían quedado suficientemente explicitadas y se impulsó la iniciativa de un diálogo directo y abierto, que fue aprobado por mayoría.

Finalmente, la cuarta instancia fue el encuentro con los colectivos indígenas, realizado el 17 de setiembre de 2021. En esta oportunidad, se invitó a las agrupaciones indígenas a un conver-satorio con los integrantes de Arqua, con el fin de iniciar el intercambio y comenzar a identificar inquietudes, puntos de coincidencia y desacuerdo y esbozar la agenda de discusión a futuro. La convocatoria inicial se dirigió a las ya mencionadas ADENCH y CONACHA, las cuales tuvieron un papel instrumental en el activismo por el reconocimiento de la presencia indígena a nivel de la sociedad civil. La difusión de la actividad se extendió rápidamente, y en el conversatorio se conectaron representantes de un total de 15 agrupaciones, contándose un total de 54 asistentes entre arqueólogos e indígenas. Las comunidades que participaron fueron Comunidad Santo Domingo Soriano, Clan Gubaitasé Charrúa, Clan Rua La-at, Comunidad Jaguar Berá, ADENCH, Comunidad Guyunusa Tacuarembó, Comunidad Betum, Clan Choñik, Comunidad Guadaripí, Ineu o Guidaí Maldonado, Ineu o Guidaí Paso de los Toros, Comunidad Tacuabé Chasqui Oyendau, Basquadé Inchalá, Comunidad Tacua Oipik, Ahijuna y Charrúa Oipik.

Figura 1: Carteles de difusión convocando a participar de las cuatro instancias de conversatorio

Esta convocatoria, y los conversatorios en general, lograron una asistencia de todos los puntos del país debido a la modalidad de videoconferencia. El encuentro se organizó a partir de la presentación de cada uno de los representantes y su respectiva comunidad, para luego abrir la lista de oradores. A partir de la intervención de los participantes de las comunidades se identificaron tres ejes emergentes que se describen en la próxima sección. Mientras que las instancias internas fueron grabadas con la aprobación de la asistencia con fines de registro interno y su eventual consulta por colegas que no asistieron, el conversatorio con las comunidades no se grabó para facilitar un intercambio franco y cuidado.

RESULTADOS

Inquietudes de la comunidad arqueológica

Dentro de la comunidad arqueológica que integra Arqua, se identificaron temáticas comunes a propósito de la relación con las comunidades indígenas, a las que agrupamos en cuatro ejes. El primero consiste en interrogantes en cuanto a la continuidad (reemergencia) o no (extinción y etnogénesis) de los indígenas actuales con respecto a las etnias históricamente registradas en el territorio uruguayo. Algunos ejemplos de las interrogantes planteadas que ilustran su tenor general son: “¿Los descendientes son charrúas como lo eran sus antepasados?”, “¿Cómo deberíamos referirnos a ellos hoy?” y “¿Hay integrantes de los grupos indígenas actuales que no tengan ascendencia indígena?”. Se planteó de ese modo la tensión entre el dato genético como confirmatorio de la presencia de ancestría indígena en el Uruguay y la legitimidad de quienes integran colectivos indígenas en cuanto a su continuidad cultural (Kolopenuk, 2018; Sans y Figueiro, 2018).

El segundo eje trata sobre con qué interlocutores dialogar dentro de un espectro de agrupaciones diverso en denominaciones y posturas políticas. Ejemplos ilustrativos de estas inquietudes fueron “¿Las asociaciones deben tener participación en las investigaciones arqueológicas?”, “¿Solo se debe dialogar con asociaciones reconocidas por el Estado?”, “¿Qué pasa con las asociaciones que tienen posturas contrarias [a la academia]?” y “¿Hay alguna vinculación entre estas asociaciones y la política partidaria?”. Comparado con el primer eje, este conjunto de preocupaciones tiene un carácter más pragmático que académico, aunque articula con el carácter de conocimiento social y académicamente aprobado de la arqueología profesional.

Por último, es posible fusionar el tercero y el cuarto eje en lo referente al potencial posicio-namiento de la arqueología uruguaya respecto a dos grandes reclamos que constituyen núcleos importantes en la relación de los indígenas con la academia y el Estado. Concretamente, estas reivindicaciones son los reclamos de restitución de materiales arqueológicos (y muy especialmente restos humanos) y el reconocimiento de los grupos indígenas por el Estado. Las interrogantes y dudas de la comunidad arqueológica sobre estos temas rondaron en torno a: “¿Cómo lidiar entre el estudio de restos humanos y la restitución?”, “Si se restituyeran restos, ¿cómo se definiría a cuál organización se entregaría? ¿Sería bajo algunas condiciones determinadas?”, “¿Debemos colaborar desde la Arqueología en el reconocimiento de los colectivos indígenas actuales por parte del Estado?” y “¿Arqua debería hacer una declaración de apoyo para que se ratifique el Convenio 169 de la OIT?”.

Inquietudes de las comunidades indígenas

En el cuarto conversatorio, en el que se abrió el diálogo entre indígenas e investigadores, la presentación y exposición de cada comunidad permitió identificar tres ejes temáticos. El primero se relaciona con el carácter inconsulto y la falta de construcción conjunta del conocimiento en las investigaciones arqueológicas. Se plantea a partir de allí la necesidad de que las intervenciones arqueológicas impliquen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades vinculadas, sin que en el conversatorio se haya entrado en mayor detalle a propósito de las características concretas del consentimiento y de los acuerdos.

Directamente relacionado con este primer eje surge el segundo, relativo a la vinculación entre la práctica arqueológica y las comunidades. Los participantes del conversatorio declararon su necesidad de conocer mejor nuestras formas de trabajo, tanto a nivel de campo como de laboratorio. Esta necesidad estriba en el temor de que los restos arqueológicos, en particular los restos humanos, sean objeto de profanación en el campo y prácticas indignas o humillantes en el laboratorio. A su vez, dentro de este eje se ubican los reclamos de acción activa y compromiso por parte de la comunidad arqueológica para la delimitación y salvaguarda de sitios de memoria. Esto tiene contacto directo con la práctica arqueológica en cuanto a la definición y protección del patrimonio cultural en forma amplia.

La declaración de Salsipuedes como sitio de memoria constituyó el tercer eje, emergente de la relación entre los dos anteriores, pero merecedor de su consideración por separado puesto que fue comentado por la totalidad de los participantes. El sitio de Salsipuedes, escenario de la matanza de indígenas de 1831, fue foco de tensiones en el conversatorio, ya que en fechas próximas al evento se presentó un petitorio solicitando que el sitio fuese declarado sitio de memoria (ver supra). Por un lado, el petitorio contó con amplio apoyo de la academia, lo que lo vincula con el segundo eje. Sin embargo, fue resistido por algunas comunidades en el entendido de que el reconocimiento impulsaría investigaciones arqueológicas destinadas a recuperar los restos de víctimas de la matanza, y esto lo vincula con el primer eje.

Para dar continuidad a lo expuesto en los ejes, se propuso la creación de un grupo de trabajo entre indígenas y especialistas, en especial en lo referente al manejo, conservación e investigación de restos óseos humanos. Esta propuesta aún no se ha concretado.

DISCUSIÓN

Emprender el proceso de diálogo entre la comunidad académica y los grupos indígenas puede definirse como una marcha lenta y a tientas: lenta, porque involucra los tiempos largos de los paradigmas académicos y su modificación, así como de los tiempos propios de las comunidades. A tientas, porque las instancias de intercambio anteriores a los conversatorios habían sido escasas, y si bien los actores involucrados en los conversatorios mostraban voluntad de diálogo, este se encontraba teñido de recelo y dudas, radicada en el desconocimiento del quehacer y las intenciones de la otra parte.

Como se desprendió de los conversatorios, los ejes problemáticos identificados por la comunidad arqueológica y las comunidades indígenas (figura 2) son de diferente naturaleza y contenido, y dialogan encontrándose entre ellos posibilidades de colaboración o conflicto.

Figura 2: Síntesis del contenido y las relaciones de los ejes temáticos identificados en los conversatorios

Dentro de la comunidad arqueológica se evidenció que el eje etnogénesis/reemergencia tiene peso sobre la definición y legitimidad de los interlocutores, ya que un punto importante es la legitimidad de las comunidades indígenas, que tiene raíces claras en el discurso político. En una reciente intervención en el Parlamento nacional (año 2022) por la conmemoración de la matanza de Salsipuedes el 11 de abril de 1831 (convertido en el Día de la nación charrúa y la identidad indígena), un parlamentario expresó en su intervención que “no existe y no existió nación charrúa (...) porque los charrúas no eran un pueblo originario de la Banda Oriental (...), eran un pueblo originario de Santa Fe, Argentina” y agregó que “dejar asentado que los charrúas son un pueblo autóctono u originario no condice con la realidad” (La diaria, 2022). Esta declaración remite al carácter “extranjero” del charrúa para deslegitimar como indígena del Uruguay, discurso que tiene un correlato claro en la descripción del mapuche de la Patagonia argentina como “chileno” (Trentini et al., 2010).

Otro parlamentario manifestó que “[El presidente uruguayo Fructuoso Rivera, quien ordenó la matanza de Salsipuedes] es uno de los grandes calumniados de la historia” y que en Salsipuedes no se enfrentaron “blancos contra indios, como lo presentan, sino indios contra indios; guaraníes contra charrúas”. Dijo, además: “el ataque busca, por un lado, pegarle a un partido fundacional, y por el otro, fundamentar un indigenismo inexistente hasta ahora en Uruguay y la victimización para las futuras demandas económicas y políticas” (La diaria, 2022). Los cuestionamientos en estos discursos tienen raíces en el origen del Uruguay como Estado nación, con un modelo productivo ganadero que, a su vez, tiene raíces en la explotación jesuita del ganado en la Vaquería del Mar en el siglo XVII (Cabrera, 1999). Los guaraníes misioneros fueron funcionales a los gobiernos coloniales y a la iglesia católica, mientras los charrúas no estaban incorporados a esta matriz. Por lo tanto, el guaraní es visto como el indio “civilizado”, cuya identidad no es reivindicada por los colectivos indígenas actuales. Por otra parte, el argumento de que la reivindicación de una identidad charrúa es un oportunismo económico tiene correlato tanto en Argentina (^{Gomez y Trentini, 2021}) como en otros países.

En segundo orden está el problema formal, concretamente, qué grado de organización requiere una agrupación indígena para ser reconocida como interlocutora. Por ejemplo, las agrupaciones de mayor protagonismo están constituidas como asociaciones civiles, y de las quince agrupaciones que participaron en el conversatorio solo dos tienen ese carácter. Por lo tanto, se distingue un aspecto identitario y otro jurídico en relación con la validez de las agrupaciones a los ojos de la comunidad arqueológica. Se observa, además, un vacío legal en lo referente al reconocimiento de las agrupaciones indígenas, que deben recurrir a la figura jurídica de asociación civil para formalizar de algún modo su estatus. Uruguay, a diferencia de la mayoría de los países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela) no reconoce la existencia de indígenas en su Constitución.

Corresponde analizar el eje etnogénesis/reemergencia como tema saliente en las inquietudes de la comunidad arqueológica desde una perspectiva adicional. Se hizo evidente en los conversa-torios internos el temor a que un acercamiento a las comunidades desemboque en una limitación a las actividades de investigación. Este temor tiene como correlato más claro las reacciones al Native American Grave Protection and Repatriation Act (NAGPRA), la legislación estadounidense relativa a la restitución de restos humanos y patrimonio cultural de grupos indígenas. La ley fue resistida por la arqueología estadounidense, que consideró amenazado su quehacer por los eventuales reclamos de restitución (ver por ejemplo Meighan, 1992). Un emergente paradigmático en la aplicación de NAGPRA fue la batalla legal sobre los restos esqueletales de 8.500 años hallados en Kennewick: la restitución de los restos fue disputada por la vía judicial por un grupo de arqueólogos y bioantropólogos, argumentando que ninguna de las comunidades reclamantes podía demostrar continuidad cultural con restos de tal antigüedad (Schneider y Barran, 2014).

En Uruguay, los argumentos ya mencionados de Renzo Pi Hugarte (2003) y Daniel ^{Vidart (2012}) eran respaldados por una porción importante de la comunidad antropológica, constituyendo a través del genocidio un argumento análogo al de los querellantes de Kennewick. Pueden entenderse, entonces, los cuestionamientos de la continuidad cultural de las comunidades indígenas actuales con su contraparte histórica como un acto reflejo de cuestionamiento a colectivos que pueden interpelar la práctica arqueológica tradicional. Continuando con el ejercicio de analogía, es menester señalar que, treinta años después de promulgado el NAGPRA, la práctica arqueológica y bioantropológica en EE.UU. no muestra haber sido perjudicada (Nash y Colwell, 2020), constatándose de hecho un impacto favorable de la legislación en el registro e inventario de los repositorios de restos humanos (Rose et al., 1996). Por lo tanto, los temores de la arqueología uruguaya respecto a los colectivos indígenas son infundados, siempre que se tenga en cuenta que la negativa al diálogo -aún en ausencia de legislación que lo requiera- puede ser perjudicial para la práctica arqueológica y bioantropológica: el caso de Kennewick y otros ejemplos más recientes en EE.UU. o en Puerto Rico (Kowal et al., 2023) tienen su “espejo” en el conflicto suscitado en Uruguay en torno a los restos de Vaimaca Perú.

La anteriormente expuesto se vincula con el eje indígena de consentimiento y construcción conjunta del conocimiento, tomando la forma de un conflicto. En el caso de la oposición a los análisis de los restos óseos de Vaimaca Perú y la negativa de algunas comunidades a acompañar la reciente declaratoria de Salsipuedes como sitio de memoria, el argumento principal era que los arqueólogos, implícitamente generadores de conocimiento colonial, no debían acceder a los restos. Hasta el momento, son escasas las instancias en las que la arqueología uruguaya propicie iniciativas de construcción conjunta de conocimiento. Esto se encadena con el eje, identificado en el conversatorio con las comunidades, de la relación arqueología-indígenas en lo referente a posicionamientos políticos. La comunidad académica adopta en este punto una posición como integrante del conocimiento institucionalizado, por lo que el apoyo de la colectividad científica a determinadas reivindicaciones políticas es visto en ocasiones por las comunidades indígenas como algo deseable. A su vez se reconoce desde la sociedad civil la importancia de la opinión de la Universidad de la República; se constata entonces una diferencia diametral entre la oposición frontal a la academia que se generó con la repatriación de los restos de Vaimaca y la actual colaboración de la academia respecto a Salsipuedes.

La restitución de restos humanos ya excavados y a resguardo en colecciones de museos no fue mencionada en este primer conversatorio por las agrupaciones indígenas, aunque sí se registra disconformidad respecto a las condiciones de almacenamiento de los restos. Asimismo, existe preocupación ante la posibilidad de nuevas intervenciones arqueológicas: fue explícito por parte de algunas agrupaciones que el conocimiento científico es deseable para saber más sobre el pasado y para el reconocimiento y preservación de sitios y restos. Sin embargo, en la colectividad arqueológica existe cierto temor ante los cuestionamientos indígenas a sus prácticas profesionales como excavar y analizar materiales, entre los cuales los restos humanos tienen especial importancia. Fueron expresas las preguntas en el conversatorio interno en cuanto a cómo y a quiénes debían restituirse los restos humanos en caso de que fuesen reclamados, pero hasta el momento el único reclamo concreto ha sido el de los restos de Vaimaca. En ese sentido, la experiencia uruguaya se asemeja a las primeras restituciones llevadas a cabo en Argentina, que fueron de restos de personas identificadas (^{Ametrano, 2015}). Sin embargo, es cada vez más frecuente la restitución de restos de personas de identidad individual desconocida (Cannizzaro, 2021; Curtoni, 2022; Gómez Otero et al., 2009; Minoldo, 2023) y es previsible que las relaciones indígenas-academia-Estado evolucionen en esa dirección también en Uruguay.

REFLEXIONES FINALES

Los conversatorios relatados constituyen el puntapié inicial para transitar un camino de diálogo que comenzó tras la recuperación de las conversaciones después de cierta sordera entre los colectivos indígena y científico. Más allá de debates académicos con respecto al carácter de los colectivos, los indígenas están pugnando por el reconocimiento y por ser interlocutores válidos en lo referente a la salvaguarda de los vestigios del pasado y a la generación de conocimiento a partir de estos. Reclaman una participación activa en las investigaciones arqueológicas, reclamo que es visto por el colectivo arqueológico como una potencial limitante o amenaza a sus prácticas, lo que suscita reacciones en la forma de cuestionamientos a su legitimidad basados en la discusión continuidad/discontinuidad. Pero más allá de su interés antropológico, esta discusión es irrelevante ante el hecho de que las comunidades indígenas son grupos con agencia política independiente del dictamen de legitimidad que decida otorgarles la academia. El diálogo es por lo tanto tan necesario como inevitable.

Los ejes de preocupación generados por la comunidad arqueológica siguen en pie y deben ser materia de conversación continuada, ya que muchas de las interrogantes planteadas en los conversatorios internos tienen efectos prácticos y jurídicos. Por ejemplo, una investigación cola-borativa implica la negociación de expectativas y temores respecto a la práctica arqueológica por un lado y su potencial veto por el otro. Esto conduce a interrogantes sobre a quiénes consultar a propósito de una investigación, qué tipo de investigación requiere consentimiento y a quién consultar para este consentimiento. Desde luego, esto nos lleva a la incógnita en cuanto a qué curso tomaría un proceso de restitución, especialmente en lo referente a los querellantes y a los representantes institucionales, puesto que esto tiene ramificaciones de orden legal. La mayoría de estos puntos de negociación deberán tener un correlato en términos de legislación patrimonial y de los indígenas como sujetos de derecho. Los conversatorios dejan en evidencia la necesidad de un camino de diálogo que aún se encuentra en una etapa germinal.

Coda

Con posterioridad al conversatorio de setiembre de 2021 (y durante la redacción y corrección de este artículo) se celebraron dos instancias de diálogo adicionales, una en octubre de 2022 y otra en mayo de 2023. En ambas ocasiones se constató una variedad de opiniones desde las comunidades indígenas, desde la oposición tajante a la intervención arqueológica en sitios con entierros humanos a la solicitud de actuar de veedores en esas intervenciones y ser guardianes de sitios. Esta variedad de posturas encontró su contraparte en la colectividad arqueológica, donde la práctica académica y la actividad privada navegan posibilidades y restricciones de distinta entidad que se entretejen con la voluntad individual de cada investigador e investigadora. El diálogo, por lo pronto, continúa.

AGRADECIMIENTOS

A las antropólogas sociales Dra. Pilar Uriarte y Dra. Susan Lobo, que colaboraron en el segundo conversatorio.

A los arqueólogos Lucas Prieto y Paula Larghero por la colaboración en la organización de los conversatorios. A Arqua por propiciar el marco para el diálogo.

A los colectivos que participaron de los conversatorios: Comunidad Santo Domingo Soria-no, Clan Gubaitasé Charrúa, Clan Rua La-at, Comunidad Jaguar Berá, ADENCH, Comunidad

Guyunusa Tacuarembó, Comunidad Betum, Clan Choñik, Comunidad Guadaripí, Ineu o Guidaí Maldonado, Ineu o Guidaí Paso de los Toros, Comunidad Tacuabé Chasqui Oyendau, Basquadé Inchalá, Comunidad Tacua Oipik, Ahijuna y Charrúa Oipik.

A los dos revisores/as del manuscrito original, cuyos aportes contribuyeron a una mejora sustancial del contenido.

Financiamiento: Proyecto “Repensar la materialidad de los cuerpos en poblaciones originarias del Este de Uruguay. Aportes desde la investigación bioarqueológica” (Comisión Sectorial de Investigación Científica - Universidad de la República, proyecto I+D convocatoria 2020).

Fecha de recepción: 18 de octubre de 2022

Fecha de aceptación: 4 de septiembre de 2023