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Córdoba: izquierda obrera y conflicto social durante el gobierno de Amadeo Sabattini

Cordoba: left workers and social conflict in the government of Amadeo Sabattini

 

César Tcach
CONICET. Centro de Estudios Avanzados de la Universidad
Nacional de Córdoba.
profesortcach@hotmail.com

 

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Resumen: Este artículo centra su atención en el tipo de relaciones establecidas entre el gobierno radical de Amadeo Sabattini (1936-1939) y el movimiento obrero desde una perspectiva de análisis que correlaciona tres planos: el desarrollo de nuevas prácticas estatales marcadas por la conciliación y el arbitraje en los conflictos laborales, la expansión de las corrientes sindicales de izquierda y su unificación en una sola central obrera, y las respuestas que frente a ambos fenómenos ofreció el conservadorismo cordobés. En este último aspecto, se indaga especialmente en el papel desempeñado por el Partido Demócrata y por la Iglesia Católica.

Palabras clave: Gobierno radical; Sindicatos; Política laboral; Partidos políticos; Iglesia Católica

Abstract: This paper focuses on the type of relations established between the radical government of Amadeo Sabattini (1936-39) and the labor movement from an analytical perspective that correlates three levels: the development of new state practices marked by conciliation and arbitration in labor disputes, the expansion of the current leftwing unions and their unification into a single confederation, and the responses of the Catholic Church and the Conservative Party.

Keywords: Radical government; Trade unions; Labor policy; Political parties; Catholic Church

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Tradicionalmente, se ha caracterizado a los años sesenta y setenta del siglo XX como la época de mayor presencia de las organizaciones políticas de izquierda en el movimiento obrero cordobés. Este artículo pone de relieve el peso específico de ese espacio político en la década del treinta, en especial al amparo del clima de libertades públicas experimentado durante el gobierno de Amadeo Sabattini en Córdoba (1936-1939).
Desde este ángulo de preocupaciones, se presta especial atención al desarrollo de los conflictos sociales -agrarios y urbanos-, los tipos de demandas, los repertorios de confrontación y sus características organizacionales. Este plano de análisis se relaciona con el tema del nuevo papel asignado al Estado por el radicalismo sabattinista y las funciones de arbitraje realizadas desde el ámbito gubernamental. Como contrapartida del protagonismo asumido por socialistas y comunistas, se estudian las posturas asumidas por el radicalismo y el Partido Demócrata en la Legislatura, así como el rol asumido por la Iglesia Católica, empeñada en una tenaz oposición al gobierno provincial.

1.1 Transición política y luchas obreras

El proceso de transición democrática iniciado en Córdoba con el triunfo de Amadeo Sabattini en las elecciones de 1935, y particularmente a partir de su acceso a la gobernación de la provincia en mayo de 1936, dio paso a una oleada de luchas obreras tanto en el mundo urbano como en el rural. El alto nivel de expectativas generado por su triunfo se asociaba con su prédica favorable a los derechos de los trabajadores, y con su compromiso de no reprimir la protesta social y garantizar las libertades públicas. No en vano su candidatura había contado con el respaldo electoral del Partido Comunista, pese a la renuencia de la UCR a establecer un compromiso orgánico.
El fenómeno distó de pasar inadvertido a los analistas políticos de la época. Uno de ellos explicaba: "Una verdadera avalancha de conflictos entre obreros y patrones se ha precipitado sobre Córdoba a partir del 17 de mayo, al favor seguramente de la ideología liberal y un tanto obrerista de nuestro gobierno. Y con motivo de esas huelgas, resueltas casi todas gracias a la intervención del gobierno y también de la municipalidad (...) no ha faltado el comentario suspicaz que culpa del estallido de las huelgas al liberalismo y al obrerismo del gobierno de Sabattini".¹ En términos más teóricos, se podría afirmar que, en la percepción social, se habían reducido los costos de la acción colectiva, dado que los trabajadores percibían en el gobierno provincial a un potencial aliado.²
Los primeros conflictos importantes tuvieron lugar en los molinos harineros -Centenario, Letizia y Córdoba- y en la fábrica de cemento Minetti. Merced a la intervención del gobierno provincial, los obreros de los molinos lograron, tras veinte días de huelga, un aumento salarial y el reconocimiento del "sábado inglés". No lograron, en cambio, el reconocimiento patronal de la Unión Obrera Molinera. La patronal, que había amenazado, inclusive, con cerrar los molinos, se mantuvo obstinada en su rechazo a reconocer el sindicato.³ Asimismo, aproximadamente dos mil trabajadores de la fábrica de cemento Minetti, en la localidad de Dumesnil, se declararon en huelga. Las reivindicaciones solicitadas eran el reconocimiento del sindicato, aumentos de jornales y cumplimiento efectivo del "sábado inglés". La intervención del director del Departamento Provincial de Trabajo, Benito López Ávila, fue decisiva. Se constituyó en tribunal de conciliación y arbitraje, y obtuvo, en primera instancia, una solución de compromiso. La firma Minetti concedió aumento de jornales y accedió a pagar el "sábado inglés". En rigor, los conflictos en las distintas empresas de Minetti habían comenzado el año anterior: un comunicado sindical de 1935 denunciaba que "Minetti y las casas cerealistas se beneficiaron desde 1930 con las condiciones que les brindó la dictadura y con el estado en que quedaron las organizaciones obreras. También el colono se ha visto arruinado por esta política, ya que los mismos cerealistas que explotan al obrero les impide a los colonos tener animales y les cobra arriendos exorbitantes".⁴ Coetáneamente, estalló una prolongada huelga de albañiles que se extendió por más de cincuenta días. Los afiches del sindicato de albañiles, con el dibujo de un puño cerrado llamando a la huelga, simbolizaban inequívocamente la presencia del Partido Comunista en la conducción del conflicto.⁵
La posición dura de la contraparte, el Centro de Constructores de Córdoba, y sobre todo, su reticencia frente a la intervención del gobierno provincial a través de su Departamento de Trabajo, dilataron la resolución del conflicto.⁶ De la conflictividad en este sector daba cuenta también la lucha emprendida por los trabajadores contratados por el empresario Roggio en la construcción que estaba realizando para las hermanas Camilas en Molinari (próximo a Cosquín). ⁷
Otra huelga importante fue la de los obreros panaderos. La patronal, organizada en el Centro de Industriales Panaderos, se vio obligada a ceder ante el aval gubernamental a las reivindicaciones obreras. Ante el beneplácito del Departamento Provincial del Trabajo, no sólo concedió aumentos de salarios y un día de descanso por semana; también reconoció la bolsa de trabajo del sindicato, de modo que la selección de nuevo personal quedó en manos de los propios obreros.⁸Este tema, la provisión de empleos vacantes por la organización sindical, empero, erizaba la piel de las patronales cordobesas. Un año después -en el invierno de 1937-, el Departamento de Trabajo intervino en la huelga de obreros mosaístas por idéntico reclamo.⁹ La modalidad de protesta más original en favor del control obrero para el suministro de la mano de obra fue protagonizada por el sindicato de mozos. Debido a la negativa de la gerencia del Plaza Hotel a reconocer la participación sindical en la selección de los nuevos empleados que se contratasen, los mozos del sindicato iban diariamente al bar del hotel, pedían un café y se quedaban leyendo el diario desde las 11 de la mañana hasta las 17: impedían así el flujo normal de clientes.¹⁰
Río Cuarto fue escenario de otros tres conflictos significativos. Uno fue el de los obreros sastres, quienes obtuvieron el reconocimiento de su sindicato y un aumento salarial. Un segundo fue el de de los obreros panaderos, en el que la fórmula de resolución fue la formación de una comisión paritaria integrada por tres obreros y tres patrones.¹¹ Por último, el más relevante desde el punto de vista de su impacto económico fue el de los obreros estibadores, que contaron con el respaldo del gobierno provincial y lograron que los acopiadores hiciesen realidad el pago del sábado inglés. ¹²
El despertar de los conflictos rurales fue uno de los datos sobresalientes del período. Si el Sindicato de Oficios Varios de Pozo del Molle se negaba a descargar cereales en pos de sus reivindicaciones, el Centro de Oficios Varios de Alejo Ledesma, en Marcos Juárez, era acusado de promover la agitación social entre los trabajadores rurales.¹³ El tema del control sindical en el suministro de la mano de obra distó de estar ausente en los conflictos del mundo rural. Al respecto, una figura ilustre del conservadorismo cordobés, Lisardo Novillo Saravia (h), señalaba con el dedo al gobierno provincial: "los acuerdos celebrados por las sociedades de resistencia de estibadores y las empresas, en las que aquellas imponen condiciones harto deprimentes para la libertad de trabajo", se habrían realizado con la intervención y conformidad de los jefes políticos departamentales y el Departamento de Trabajo. A su juicio, Amadeo Sabattini, "envuelto en la recia caparazón de su soberbia", llevaba adelante una política demagógica que agudizaba las luchas entre el capital y el trabajo.¹⁴
En ocasiones, a las demandas típicas de las relaciones laborales modernas -aumentos salariales, reconocimiento de los sindicatos, cumplimiento de las leyes de trabajo- se les agregaban otras que permiten constatar elementos propios de formas pre-capitalistas. Así, por ejemplo, más de 500 obreros de los sindicatos de Laguna Larga, Oncativo y Manfredi, que agrupaban a quienes levantaban las vías del ferrocarril Central Argentino que atravesaban esas poblaciones, se unieron para denunciar a los contratistas, que les descontaban casi la mitad del jornal diario, de modo obligatorio, por la adquisición de mercaderías en proveedurías instaladas por esos mismos contratistas.¹⁵
En las condiciones descriptas, el Departamento Provincial de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores, informó en reiteradas ocasiones sobre las quejas que efectuaban los trabajadores acerca de la violación de leyes laborales como la jornada de ocho horas de trabajo, la ley de sábado inglés (aprobada por el anterior gobierno demócrata) y el pago de horas extras.¹⁶ En su discurso del 1° de mayo de 1937, el mismo gobernador destacó las condiciones inhumanas en las que desarrollaban su labor trabajadores urbanos y rurales, debido al insuficiente cumplimiento de las leyes obreras.
Las prácticas de conciliación y arbitraje emprendidas por el gobierno y el sesgo pro-obrero de sus intervenciones fueron duramente cuestionados por el diario católico Los Principios. Un editorial al respecto señalaba que en "todos" los casos, el gobierno había intervenido a favor de la parte obrera y que, inclusive, se lo había sindicado como "promotor de huelgas".¹⁷

1.2 La política laboral sabattinista

En la concepción de Estado promovida por el sabattinismo, aquél no debía ser sólo un guardián de leyes sino también un creador de derechos.¹⁸ La traducción de dicha concepción en el ámbito del trabajo se expresó en diversos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura.
El Ministro de Gobierno, Santiago del Castillo, elaboró un proyecto de reconocimiento de las organizaciones obreras que fue enviado a la Legislatura. ¹⁹ La iniciativa estaba en consonancia con lo anunciado al poner en funciones al nuevo jefe de policía. "Mi prioridad", sostuvo, será "el cumplimiento de las leyes obreras existentes y, en segundo lugar, las modificaciones y ampliaciones que sean necesarias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos obreros".²⁰ A tono con la nueva coyuntura, se constituyó en Córdoba, al mes siguiente de la asunción de Sabattini, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), integrada por obreros y empleados de Obras Sanitarias, YPF, Fábrica Militar de Aviones y el Observatorio Meteorológico.²¹
Un capítulo importante de la legislación laboral sabattinista está referido al trabajo domiciliario. El mismo comprendía tres tipos de actividades: 1) quienes llevaban a su casa tareas que debían concluir durante la noche para entregar al día siguiente; 2) quienes trabajaban en su casa para un fabricante o un intermediario, y 3) quienes trabajaban en el taller de un subcontratista. En los tres casos, la ley destacaba que se trataba de "obreros y obreras", y que esas modalidades de trabajo tenían fuerte presencia en todos los centros urbanos de Córdoba. La crítica era contundente: el trabajo domiciliario era concebido como resultado del "espíritu desmedidamente especulativo de los empresarios que pretenden economizar el capital fijo y circulante necesario para la instalación de talleres y el pago de un salario desmedidamente reducido".²² Por consiguiente, el Departamento de Trabajo habilitaba la creación de un registro especial para estas actividades, a efectos de constatar que las condiciones laborales, sanitarias y salariales fueran conformes a las leyes vigentes.²³
Otro aspecto innovador fue el proyecto de ley remitido a la Legislatura para reglamentar el servicio doméstico.²⁴ Las "sirvientas" pasarían a ser reconocidas como trabajadoras, con derechos legítimos confirmados por ley. Esta iniciativa fue duramente cuestionada por los sectores conservadores, no sólo por aspectos de orden económico. Promover la sindicalización del servicio doméstico era percibido como una auténtica herejía para la mantención del orden y las jerarquías. El diario del Arzobispado señalaba que el gobierno de Córdoba, "so pretexto de buscar un mejoramiento en la clase trabajadora a la que organiza y sindicaliza, conforme a los dictados que imponen los métodos introducidos del extranjero", había añadido a la reglamentación del servicio doméstico la sindicalización obligatoria, y que su Departamento Provincial del Trabajo "contribuye con todo tesón a la elaboración de los pliegos de condiciones y conflictos entre el capital y el trabajo", contando con la complicidad de la policía provincial. Más aún, denunciaba que, a raíz del proyecto de reglamentación del servicio doméstico,

han surgido delegaciones "del gremio", formadas por mujeres que han trabajado poco o nunca en el oficio, las que visitan los domicilios particulares, invitando a las "compañeras" a afiliarse en el sindicato que ha de ser reconocido por la autoridad pública y tener personería "legal" para tomar injerencia en el nuevo organismo absolutamente ilegal. Se nos denuncia que ayer ha andado una de esas damas, acompañada de un vigilante, visitando los domicilios de la sección cuarta del municipio, en busca de adeptos, invocando el nombre del ministro de gobierno (...) Es que la política del gobierno de la provincia es de plena agitación (...) para introducir la perturbación y el confusionismo, soñando con lograr el apoyo armado de las clases menesterosas, envenenadas con la propaganda malsana, como lo han logrado los gobiernos comunicantes de Madrid y Barcelona. Se sigue esa huella. ²⁵

El tono de indignación del editorial que se ha reproducido ponía de manifiesto la ruptura que, para los sectores conservadores, implicaba la nueva concepción del Estado y su orientación ideológica. En rigor, la intervención estatal en las relaciones laborales distaba de ser un dato novedoso. Así, por ejemplo, en los años precedentes, editoriales y notas del diario La Nación habían sentado posición favorable a la sanción de reglamentaciones y normas para regular los conflictos entre empleadores y asalariados. Desde su perspectiva, el funcionamiento de sindicatos legales, fiscalizados en su composición y en sus decisiones, sería más beneficioso que el sistema por entonces vigente de gremios sin ningún tipo de control.²⁶ Lo indignante, en todo caso, era el sesgo pro-obrero de la intervención estatal y, sobre todo, la promoción de la organización sindical desde el ámbito estatal.
La ampliación del papel del Departamento Provincial del Trabajo, el formidable aumento de las inspecciones tanto en el ámbito urbano como en el rural y la creación de la Oficina de Protección al Obrero en el ámbito de ese organismo, daban cuenta de una innovación institucional que tenía como brújula el ensanchamiento de la ciudadanía social.²⁷

1.3 Organizaciones obreras: la hora de las izquierdas

En febrero de 1936 se constituyó en Villa María el comité pro unidad obrera, que convocó a un congreso constituyente de una central obrera. El secretario general del comité pro unidad era el socialista Miguel Avila y la iniciativa estaba en consonancia con los esfuerzos unitarios realizados por las organizaciones de izquierda al calor de la política de frentes populares. Era también, asimismo, el resultado de la división de la CGT en el orden nacional. El año anterior, socialistas y comunistas habían formado la CGT "Independencia" y los sindicalistas, la CGT "Catamarca" (en alusión a las calles donde estaban situadas sus sedes).
La declaración de Villa María no dejaba lugar a dudas acerca de la ideología de sus promotores. Tras señalar que se estaba forjando la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad, concluía: "Recordemos a Marx cuando dice que el proletariado en su lucha contra el capitalismo, nada tiene que perder salvo sus cadenas".²⁸ La unidad obrera se materializó ocho meses más tarde. Los días 24 y 25 de octubre se reunieron, en el local de la Sociedad Francesa de la ciudad de Córdoba, 129 delegados en representación de 96 agrupaciones sindicales. El siguiente cuadro incluye una nómina parcial de los sindicatos presentes:

Cuadro i

Nómina parcial de sindicatos presentes en el congreso obrero de octubre de 1936

Como puede apreciarse en el cuadro, si bien había un sindicato metalúrgico, la mayoría de los gremios pertenecían a industrias tradicionales, con un peso muy importante de los relacionados con la construcción. Se destaca la presencia de los gráficos (con fuerte presencia comunista) y del Centro de Empleados de Comercio, en manos de los socialistas.
El congreso fue presidido por el dirigente ferroviario socialista Ernesto Monier (delegado de la CGT de Buenos Aires) y tuvo dos vicepresidentes: el albañil cordobés Cruz Ramírez y el dirigente rural de Marcos Juárez, Ricardo A. Cabrera.
En su declaración de principios se podía constatar el planteo de una visión marxista de la sociedad. Al respecto, señalaba:

Que la histórica lucha de clases, es la historia de las convulsiones que en todas las épocas han experimentado las sociedades en la universal contienda que siempre han sostenido oprimidos y opresores (...) Que desde la apropiación individual del suelo y demás instrumentos de trabajo, se ha suplantado el régimen de las sociedades primitivas permitiendo a una minoría de parásitos vivir a costa de la mayoría productora. Que la lucha por el dominio de los destinos del mundo ha venido acentuándose cada día más en el transcurso de los años, con la ayuda del desarrollo de la maquinaria y la mecánica, ahondándose así cada vez más el abismo que separa a las clases en lucha, hasta tomar en nuestra época los acentuados caracteres de una división cada día más irreconciliable, que sólo concluirá con la completa desaparición de las clases dominantes".²⁹

El resultado del congreso fue el nacimiento de la Central Obrera Provincial (COP), que adhirió a la CGT de la calle Independencia 2080 de la Capital Federal. Entre sus primeras resoluciones se incluyó la edición de un periódico denominado "Unidad Obrera", que debería emplear un lenguaje "extremadamente popular". La intención era vender no menos de 100 ejemplares en cada sindicato a un precio mínimo (0,05 pesos).³⁰ Asimismo, se resolvió -"ante el desconocimiento de las leyes obreras por una gran parte de los trabajadores"- editar folletos que reprodujesen esas leyes con una ilustrativa explicación previa.³¹
El crecimiento de la izquierda en el seno del movimiento obrero cordobés dio lugar a un pedido de interpelación al Ministro de Gobierno, Santiago del Castillo, solicitado por la bancada del conservador Partido Demócrata en la Legislatura provincial. Se le pedían al ministro explicaciones sobre la "pasividad del Estado frente a la infiltración comunista en las organizaciones obreras". La voz cantante del bloque, Eudoro Vázquez Cuestas, denunció la existencia de cincuenta locales comunistas en la ciudad de Córdoba y la influencia en localidades del interior de la provincia como Las Varillas (fábrica de dulces Sabastti hermanos), Cosquín (donde los camiones que transportan materiales de construcción llevaban "banderas rojas"), Molinari, Justiniano Posse, Río Tercero, Villa María y Alta Gracia. Santiago del Castillo respondió que la causa de los conflictos residía en el incumplimiento patronal de las leyes laborales, inclusive la jornada de ocho horas de trabajo.³² Aludió también a la complicidad de dirigentes demócratas con el fascismo. En este sentido, el diputado radical Reginaldo Manubens Calvet destacaba: "No soy comunista, soy radical, es decir, democrático", pero mientras el comunismo estaba formado "por hombres que han llegado a ser descreídos a través de todos los vejámenes y de todas las indignidades cometidas por todas las burguesías del mundo", el fascio en Argentina está sustentado y dirigido por hombres que detentan "altas posiciones" y "enormes riquezas".³³
En el debate legislativo, fue intensa la presión de la bancada demócrata para forzar al gobierno de Sabattini a reprimir al PC. Se citaban en su favor el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le había quitado la ciudadanía a Ángel Rosenblat y el proyecto de represión al comunismo presentado en el Senado nacional por Sánchez Sorondo.³⁴ El Partido Comunista cordobés no permaneció impasible. Presentó una nota que, pese a la oposición demócrata, fue leída parcialmente en el recinto legislativo:

"Las actividades del Partido Comunista constituyen, hoy y aquí, incuestionablemente, una de las garantías más eficientes, responsables y permanentes de la paz pública y de la estabilidad de las instituciones (...) [Su actividad] está inspirada en los ideales de la democracia liberal y republicana, según puede demostrarse hasta la saciedad en los documentos, actos y manifestaciones (...)".³⁵

Asimismo, el comité central del PC, en su declaración del 17 de julio de 1936, señaló que su principal objetivo era "defender las libertades públicas para salvaguardar la ley Sáenz Peña y la constitución nacional".³⁶ Como puede apreciarse, la reivindicación del liberalismo político y de la tradición republicana -asociada entonces a la política de frentes populares- operaba en detrimento de la eficacia argumentativa del sector conservador.
Pero el PC no era el único blanco de las diatribas del conservadorismo cordobés. Un editorial del diario Los Principios caracterizaba al Partido Socialista en términos no menos duros. A su juicio, el PS era una "Secta internacional y secreta, roedora de la individualidad, matadora de las voluntades, sujeta al delirio de su encono de clases".³⁷ Ese mismo mes -enero de 1937- el Senado nacional aprobó el proyecto Sánchez Sorondo de represión al comunismo. Su sanción fue un mensaje dual: a las organizaciones de izquierda, pero también a los sectores liberales que contemporizaban con ellas, en especial el gobierno cordobés, cuyas principales figuras -Amadeo Sabattini y Santiago del Castillo- habían sostenido duros cruces verbales con Sanchez Sorondo a fines del año anterior.³⁸
Pero ni las nuevas normativas legales ni la prédica conservadora expresada a través del partido demócrata, el diario Los Principios y los mensajes de la Iglesia Católica fueron suficientes para frenar el crecimiento de la izquierda entre sectores trabajadores, que se materializaba no sólo en su presencia en las luchas sociales sino también en el surgimiento de nuevas organizaciones sociales y laborales. Su incidencia en el sector docente -hasta entonces espacio privilegiado del accionar eclesiástico- era insoslayable. La realización del Primer Congreso de Maestros de la Provincia de Córdoba, celebrado en el Teatro Rivera Indarte, fue ejemplo de ello: se veía a los "delegados rusos y judíos confraternizando con nuestros vanguardistas criollos y los delegados de algunos sindicatos de obreros", mientras que en las plateas y el gallinero se gritaba "¡Mueran los gobiernos burgueses!" ¡Abajo la guerra! y "¡Abajo la enseñanza religiosa!".³⁹
La marcha y el acto en la plaza Vélez Sarsfield del sábado 1° de mayo de 1937 en Córdoba impresionaron profundamente a los sectores conservadores y clericales. La ocupación del espacio público por sus enemigos era concebida en términos de una amenaza cuyos sones evocaban la guerra civil española:

"La multitud (...) dirigida por los símbolos rojos, puño en alto, gritó sus protestas (...) con la musiquilla entradora de un "cante jondo" muy popular, circuló por varias calles y llenó no menos de seis cuadras en una compacta muchedumbre que evidencia la buena cosecha lograda por la política social que vienen cultivando algunas reparticiones oficiales".

Córdoba era "la única ciudad argentina" donde los comunistas tenían libertad para "despotricar a su antojo".⁴⁰
Ciertamente, lo sucedido el primero de mayo distaba de ser un dato aislado. Asomaba en Córdoba el renacer de una cultura de la movilización que -a diferencia de 1918- involucraba más a los trabajadores del campo y de la ciudad que a los estudiantes universitarios. El clerical-conservadorismo describía la ciudad en términos apocalípticos:

"A los millares de afiches colocados en todas las esquinas de las calles de la ciudad, a las centenares de circulares (...) que reciben las clases trabajadoras para afiliarse en sindicatos rojos, a la coacción desenfadada que ejercitan en fábricas y casas de comercio (...) a los pasquines que circulan desembozadamente (...) se unen los mítines callejeros. La calle San Martín es teatro de dos o tres mítines semanales. La avenida Olmos, es otro tanto, las cercanías de los mercados son tribunas libres de los mayores desafueros verbales, la invitación a concurrir a ciertos y determinados lugares de izquierda y de relajamiento moral se efectúa con la complacencia de la policía".⁴¹

Si bien las izquierdas gozaban de libertades públicas de las que estaban privadas en el resto del país, difícilmente podía achacársele al gobierno provincial la promoción de su crecimiento. En rigor, los radicales tenían sus propias agrupaciones obreras. La principal de ellas era el Centro Ferroviario Radical, con fuerte presencia entre los trabajadores del Ferrocarril Central Argentino y del Ferrocarril Central Córdoba. Entre sus dirigentes se contaban Atenor Peñaflor, (empleado ferroviario y, a la sazón, diputado provincial), Félix Oscar Suárez y Raimundo Figueroa. Su fluida relación con el Estado provincial facilitó el desarrollo de iniciativas mutualistas, como la creación del Centro Mutualista de Obreros Pedro Vivas.⁴² Duchos en negociaciones con el Departamento Provincial del Trabajo, competidores de los socialistas y fervientes admiradores de Hipólito Yrigoyen, su ideario distaba de estar imbuido del principio de la lucha de clases. El mismo discurso de Sabattini suponía la negación de ese principio: "Hemos procurado que los conflictos entre el capital y el trabajo (...) [encuentren] soluciones de justicia y no violencia"; "los hombres del trabajo no deben recelar del capital (...) no debe existir entre ambos factores de la formación de la riqueza, una división que se exteriorice en lucha, en odio de clases, sino que ambos deben situarse en un terreno de colaboración, de regulación, para la satisfacción de los intereses generales, sin desmedro de los de cada uno".⁴³
La práctica gubernamental orientada a promover la conciliación y el arbitraje en los diferendos laborales tenía mucho más que ver con un fenómeno que era mundial y nacional tras la crisis de 1929 -la creciente intervención estatal en la regulación de la actividad económica y en los conflictos entre el capital y el trabajo- que con el aliento a la lucha de clases. Por ello, tal vez, lo que en realidad indignaba a sus opositores era su respaldo al mundo del trabajo -Amadeo Sabattini se proclamaba el primer trabajador del Estado- en pos de una ampliación de la ciudadanía social. Y sobre todo, su irrestricto respeto a las libertades públicas en claro contraste con lo que ocurría en el plano nacional.

1.4 Comunitarismo y corporativismo: la respuesta católica a la cuestión social

Tras la pastoral del Episcopado de mayo de 1936, la cuestión social se introdujo decisivamente en la agenda de la Iglesia Católica argentina. A partir de entonces, quedaba claro que su resolución no era sólo un problema policial o de mantenimiento del orden. Suponía, por el contrario, la realización de un esfuerzo en pos de la justicia social. El núcleo duro de esta concepción era la solidaridad entre los diversos actores sociales, en contraposición a la lucha de clases, pero también al liberalismo político. Porque la base de esa solidaridad no eran los derechos del ciudadano que postulaba el liberalismo político sino la idea de "comunidad", como organismo en el que debían primar la cohesión y la unidad. El solidarismo comunitarista, como bien ha sostenido Darío Macor, ofrecía al mundo obrero una versión antimarxista de los clivajes sociales.⁴⁴
El comunitarismo como respuesta a la cuestión social no estaba exento de tintes corporativistas. Así, un editorial del matutino católico cordobés explicitaba: "El corporativismo ha sido preconizado como régimen posible, como un régimen posible por la Iglesia. Está claramente recomendado en la encíclica Quadragessimo Anno", pero ese corporativismo debía estar imbricado con la justicia social: "La Iglesia quiere la justicia social (...) El beneficio de la explotación no se divide por partes iguales entre el capital y el trabajo. El capital se lo apropia por un conjunto de razones y el trabajo se contenta con su salario". ⁴⁵
En el esquema precedente, la justicia social estaba disociada del liberalismo político y, sobre todo, de un sustento institucional articulado en torno a un sistema plural de partidos y sindicatos independientes. La traducción organizativa de esta mirada fue la multiplicación de círculos de obreros católicos en Córdoba y el interior de la provincia. El gobierno de Sabattini tuvo una actitud reticente frente a ellos. En algún caso, consintió que uno de sus funcionarios -el Dr. Ángel H. Cabral, fiscal de gobierno de la provincia- asistiese al 40° aniversario del Círculo Católico de Obreros de Río Cuarto; pero al mismo tiempo y en contraposición a los gobiernos conservadores, les negó cualquier tipo de sostenimiento oficial. Más aún, el Consejo de Educación Provincial quitó la subvención a la escuela primaria del Círculo de Obreros Católicos pues su plan de enseñanza no se ajustaba a los programas de la escuela pública.⁴⁶ Esta medida fue duramente condenada por el arzobispado cordobés, dado que, desde su mirada, a diferencia de los sindicatos y sociedades de resistencia que empujaban a los hombres de trabajo a romper el orden y la paz social, "los círculos católicos de obreros son los únicos núcleos donde la gente de trabajo se afilia por Dios y por la Patria, resultando así, tales núcleos, factores de armonía social".⁴⁷
En los años siguientes, la acción de los círculos católicos de obreros, promovidos desde el arzobispado, siguió extendiéndose, pero a diferencia de Santa Fe -donde a partir de la intervención federal de 1935, miembros de Acción Católica participaron de modo relevante en los gobiernos antipersonalistas de Iriondo y de Argonz ⁴⁸-, y de otras provincias manejadas por el conservadorismo, carecieron de una base de sustentación en la experiencia gubernativa del radicalismo de Córdoba.

2 Epílogo

En el período analizado coincidieron dos fenómenos: una decisiva intervención del Estado en los asuntos laborales con un sesgo favorable a los asalariados y un fuerte desarrollo del Partido Comunista y el Partido Socialista en el movimiento obrero cordobés.
La política laboral del gobierno de Sabattini era, para sus adversarios, claramente demagógica. Pero esta acusación se condecía poco con el manejo responsable y pulcro de la administración de las cuentas provinciales. Al asumir su gobierno, el déficit provincial era de cuatro millones de pesos. En esas circunstancias, el gobernador resolvió reducir los salarios de los empleados provinciales y, en pocos meses, el déficit fue reducido en dos millones de pesos. Tras el saneamiento, se dispuso por decreto la restitución del porcentaje de los sueldos. retenido con autorización legislativa durante los últimos cinco meses de 1936 en calidad de préstamo a la provincia.
En rigor, lo que molestaba a los sectores conservadores era el despliegue de un intervencionismo estatal orientado tanto al efectivo cumplimiento de las leyes laborales como a la promoción de nuevos derechos. Entre estos, el reconocimiento legal de las organizaciones sindicales ocupaba un lugar central. Agudizaba esa irritación la creciente influencia que en ellas tenían los partidos de izquierda, cuya expresión más notoria fue la creación de la Central Obrera Provincial (COP). Cabe hacer notar que las más resistidas de las demandas laborales eran las referidas al reconocimiento y las atribuciones de los sindicatos.
La creación de nuevos derechos y la puesta en práctica de leyes incluso aprobadas antes de su administración -como el sábado inglés- se combinaba, en la política sabattinista, con la promoción de la participación popular. Así, se concedieron -con el beneplácito de la Federación de Centros Vecinales- a los electores de los municipios los derechos de iniciativa, referéndum y destitución de funcionarios electivos para favorecer la acción vigilante de los vecinos. La participación ciudadana se asociaba a una intervención estatal cuya apuesta por los derechos de los sectores populares distaba de pasar inadvertida. No es anecdótico recordar que, ante el reclamo de los vecinos, la municipalidad de La Calera llegó a clausurar -con el auxilio de la policíala fábrica de portland Juan Minetti debido al daño ambiental y a la salud humana provocado por los materiales arrojados desde su chimenea.⁴⁹ Todos estos aspectos, que implicaban un control social hacia los poderes económico y político, generaban una profunda desconfianza en los sectores tradicionales: desde las respuestas más insensibles a lo social de quienes soñaban con "poner en su lugar" a los trabajadores, hasta las elaboraciones más sofisticadas de de la Iglesia Católica, cuya fórmula política se inscribía en clave comunitarista y, en buena medida, corporativista. El compromiso de estos sectores con el gobierno nacional era fluido. Así, por ejemplo, en 1937 Manuel Villada Achaval -administrador del diario del arzobispado Los Principios- pasó a ser subsecretario de Instrucción Pública del gobierno nacional y poco después, ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.⁵⁰ Los notables contrastes de Córdoba con el plano nacional -una provincia sin fraude electoral, sin presos políticos ni sindicatos intervenidos y con amplias libertades de expresión y asociación- suministraron a su dinámica política una notable virulencia que marcó la interacción entre sus principales actores políticos y sociales.

Notas

1 Diario Córdoba (en adelante, CBA), 5-7-1936.

2 Sobre el tema de los costos de la acción colectiva, véase Dough Mc Adam, John D. McCarthy y Mayer Zald. Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid, Istmo, 1999; Sidney Tarrow. El poder en movimiento. Madrid, Alianza, 1997.

3 La Nación, 23-7-1936; CBA, 5-7-1936.

4 Véase Ofelia Pianetto. Sindicatos y política en Córdoba (1930-1943), en César Tcach (coord.) Córdoba Bicentenaria. Claves de su historia contemporánea. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 2010, p. 237.

5 Los Principios (en adelante, LP), 5-8-1936.

6 LP, 14-9-1936.

7 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, p. 1261 (1936).

8 LP, 14-9-1936.

9 La Voz del Interior (en adelante LVI), 8-7-1937. Cabe recordar que los trabajadores de la construcción no estaban agrupados en un sindicato único. No sólo los mosaístas y albañiles se habían declarado en huelga: también lo habían hecho los ladrilleros.

10 LP, 30-8-1936.

11 LVI, 14-10-1936.

12 LP, 26-9-1936.

13 LP, 5-11-1936 y 6-5-1937.

14 LP, 21-1-1937.

15 LVI, 23-7-1937.

16 LVI, 16-7-1937.

17 Editorial de LP, 22-7-1936.

18 Marta Philp, En nombre de Córdoba. Sabattinistas y peronistas: estrategias políticas en la construcción del Estado. Córdoba, Ferreyra, 1998, p.82.

19 CBA, 31-7-36.

20 La Voz del Interior, 18-5-1936.

21 La Voz del Interior, 10 y 15-6-1936.

22 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, pp. 959-961 (1936).

23 Leyes 11.278 y 11.387.

24 La Nación, 24-7-1936.

25 Editorial de LP, 3-8-1936.

26 Ricardo Sidicaro, La política mirada desde arriba. Las ideas del diario La Nación 1909- 1989. Bs. As., Sudamericana, 1993.

27 La oficina de Protección al Obrero estaba presidida por el mismo director del Departamento Provincial del Trabajo, Benito López Ávila, y sus vocales eran Oscar Orgaz y Domingo Tello. LP, 20-10-1936.

28 Citado en Ofelia Pianetto, op. cit., p. 240.

29 LVI, 24-10-1946.

30 A efectos comparativos: la suscripción mensual a La Voz del Interior costaba dos pesos y medio.

31 LVI, 31-10-1936.

32 Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba, pp. 1236,1237, 1262 y 1264.

33 Ibíd, p. 1134.

34 Ibíd, pp. 1323-1324.

35 Ibíd, pp. 1236-1237.

36 Ibíd., p. 1252.

37 LP, 14-1-1937.

38 LP, 28-11-1936 y 6-1-1937.

39 LP, 28-2-1937.

40 Editorial de LP, 3-5-1937.

41 LP, 11-8-1936.

42 LVI, 4-3-1937, 4-7-1937, 21-7-1937.

43 Discurso de Sabattini en la Sexta Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura e Industrias, patrocinada por la Sociedad Rural de San Francisco. LP, 27-9-1936.

44 Véase Darío Macor, "Las tradiciones políticas del peronismo santafecino", en Darío Macor y César Tcach (eds), La invención del peronismo en el interior del país. Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2003, pp. 110-111; Susana Piazzesi. Conservadores de provincia. El iriondismo santafecino 1937-1943. Santa Fe, UNL, 2009, pp. 117-120.

45 LP, 17-10-1936.

46 LP, 14-5-1937.

47 Ibíd.

48 Susana Piazzesi, op. cit., p. 117.

49 LVI, 6-11-1937.

50 LP, 29-1-1937.

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