ARTÍCULOS ARBITRADOS

Territorios y exclusión social en Buenos Aires. Análisis desde la comunicación / cultura

 

Verónica Vidarte Asorey

Facultad de Periodismo y Comunicación Social - Universidad Nacional de La Plata. Jefa de Trabajos Prácticos del Seminario Permanente de Tesis de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la U.N.L.P. Maestranda de Planificación y gestión comunicacional en la Maestría PLANGESCO, UNLP. Tesista de Posgrado de Especialización en Crítica y Difusión de las Artes, IUNA. Becaria de Iniciación UNLP (2005-2007) con la investigación "El imaginario social del delincuente". Becaria de Perfeccionamiento UNLP (20072009) con la Investigación: «Cultura y exclusión social urbana en Buenos Aires». Investigadora en el Proyecto «La investigación científica de la comunicación en los estudios de grado. Los casos de la Universidades Nacionales de La Plata, Buenos Aires y Rosario», acreditado por el Ministerio de Educación de la Nación para los años 2006/2010. vidarteasorey@yahoo.com

Recibido: 31-03-09 - Aceptado: 05-06-09

 

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Resumen

Este artículo está basado en los resultados de la investigación "Buenos Aires, penas y olvido: redes de relaciones organizacionales en los territorios de exclusión del AMBA", realizada para la tesis de Maestría en Planificación y Gestión Comunicacional, PLANGESCO de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí propongo una genealogía de la articulación entre los sectores populares, sus experiencias políticas, económicas, socioculturales y habitacionales, y la producción social del territorio metropolitano. A partir de un análisis descriptivo, se intenta arribar a algunas conclusiones, desde el enfoque de la comunicación / cultura sobre la relación entre la emergencia y la relevancia del sector de los excluidos —en el marco más amplio de los sectores populares— y los procesos de territorialización de la exclusión en el área metropolitana de Buenos Aires, vinculados con el avance paulatino de las villas y asentamientos y a su segregación espacial, comunicativa y cultural, respecto del territorio metropolitano en su conjunto.

Palabras claves Comunicación, cultura, ciudad, exclusión social.

Abstract

This article is based on some results found during the process of investigation realised for the thesis of Masters in Planning and Communicational Management "Buenos Aires, pains and forgetfulness: networks of organizational relations in the territories of exclusion of the AMBA". In this article I propose a genealogy of the joint between the popular sectors, its political, economic, socio - cultural and residential experiences, and the social production of the metropolitan territory. From a descriptive analysis, it is tried to arrive at some conclusions, from the approach of the communication/culture on the relation between the emergencia and the relevance of the sector of excluded - in the amplest frame of the popular sectors and the processes of territorialization of the exclusion in the Metropolitan area of Buenos Aires - tie the gradual advance from the towns and establishments and at its space, communicative and cultural segregation, with respect to the metropolitan territory in his set.

Keywords Communication, culture, city, social exclusion.

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INTRODUCCIÓN

En principio, es menester plantear una pregunta y tomar una postura conceptual en relación con su respuesta: ¿podemos hablar de los pobres y excluidos como de un grupo con algún tipo de autonomía o especificidad teórica, que nos permita abordarlo de forma compleja y no fragmentaria? ¿Tienen algo en común desde el punto de vista de la cultura, o plantear esta complejidad en singular nos lleva inevitablemente a la estigmatización de la pobreza? Para responder, retomo la posición que plantea Alejandro Solomianski en la investigación Identidades secretas: la negritud argentina (2003). En este trabajo se recupera la constitución histórica de la identidad de afrodescendientes en Argentina. El autor ubica a este grupo en un marco más amplio de grupos subalternos, para los que acuña el término subalternizados: se trata de los grupos a los que el poder hegemónico les impidió formar parte de la historia oficial. Así, la identidad no está dada por un esencialismo racista —o incluso clasista— sino por una serie de experiencias culturales y socioeconómicas equiparables, un sufrimiento común a determinado grupo de sujetos que se fueron constituyendo históricamente en lucha con los sentidos dominantes. De este modo, Solomianski propone revisar, en virtud de las implicancias políticas, las representaciones académicas en torno de lo subalterno¹ y entenderlo como lo subalternizado, que existe con identidades, sentidos y prácticas culturales propias, plausibles de ser estudiadas por sí mismas.

Existen entonces procesos de subalternización que operan sobre un conjunto heterogéneo de sectores sociales que, por la misma dinámica de esos procesos, van variando en su heterogeneidad, en su configuración interna y en sus vínculos y tensiones con los grupos dominantes. Así, por ejemplo, en América Latina, existieron desde tiempos de la invasión imperial grupos subalternizados identificados en principio con los habitantes de los pueblos originarios, a los que pronto se sumaron los campesinos criollos y, con la conformación de las ciudades industriales, se agregaron los sectores populares urbanos. Específicamente en la Argentina, dentro de este último conjunto de sectores —también homogéneos— están los excluidos urbanos que, durante muchas décadas, representaban un porcentaje mínimo de los sectores populares, incluso al interior de los pobres, entre quienes la pobreza estructural representaba un número poco significativo. Pero luego de la última dictadura militar y con la profundización del modelo neoliberal en los 80 y los 90, el sector de los excluidos urbanos creció de forma dramática, alcanzando casi al 20 % de la población total en 2002 (Torrado, 2004), porcentaje que se estabilizó en los años subsiguientes entre el 11% y el 15%, según las fuentes estadísticas que se retomen.

En síntesis, en el mismo sentido la categoría de excluidos urbanos se expresa en este trabajo en relación con el proceso de exclusión, y no desde una visión determinista que borra las relaciones sociales de fuerza, de lucha y de poder. Partiremos de que existe la exclusión porque existen grupos dominantes de la cultura que regulan los límites de la inclusión y niegan el acceso a determinados sujetos.

La conformación de las clases populares urbanas en la zona² se vincula desde su inicio con problemas habitacionales. El primer gran colectivo inmigratorio que llegó principalmente desde países europeos —entre fines del siglo XIX y principios del XX— encontró sus espacios de trabajo asociados a la economía portuaria, ferroviaria y luego industrial; todas actividades concentradas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En ese marco, se instaura la modalidad habitacional del conventillo, espacios de hacinamiento desde el que los nuevos habitantes luchan por su derecho a vivir en la ciudad. Ya antes, en 1880, había en Buenos Aires 1.770 conventillos³.

Entre 1860 y 1920, crece vertiginosamente la cantidad de habitantes de inquilinatos —la mayoría de ellos extranjeros provenientes de países europeos—, mientras que la cantidad de habitaciones disponibles tiene un crecimiento muy inferior. Sólo entre 1880 y 1892, la población que vive en inquilinatos en el AMBA pasa de 51.915 a 120.847 personas, mientras que las habitaciones aumentan de 24.023 a 31.552 (Revista Polémica, 1970).

Uno de los acontecimientos históricos más significativos vinculados con esta problemática es el que pasó a la historia como la "Huelga de inquilinos". Fue en 1907, un año de aumentos masivos en los alquileres de las piezas, y de desalojos violentos a las masas de morosos. El 13 de septiembre, mientras la policía arrancaba a los ocupantes de las 132 precarias piezas de Ituzaingó 279 en la Capital Federal, el barrio de La Boca se convirtió en el germen de la medida de fuerza más masiva de la época: cien mil inquilinos se declararon en rebeldía —ante las fuerzas policiales y propietarios o gerenciadores de conventillos—, en reclamo de la rebaja del 30% en los alquileres.

El conventillo constituyó tradicionalmente el espacio donde migrantes de países diversos compartían su vida cotidiana; así el modelo multiétnico y multicultural del conventillo marcó la relación entre territorialidad y etnicidad y se trasladó luego —con los mismos códigos de relación— a las villas del AMBA (Grimson, 2003).

INDUSTRIALIZACIÓN, SECTORES POPULARES Y CIUDAD

Aunque aún continúan vigentes como modo de hábitat dentro de la capital, los conventillos comenzaron a ceder el espacio urbano a las villas; aunque antes de 1940, las villas no eran un tipo de hábitat extendido en la zona (en ese año se registraban sólo 5 villas miseria en el AMBA). Mientras, los espacios habitacionales populares que más crecieron en la primera mitad del siglo XX fueron los barrios obreros en el conurbano bonaerense, especialmente en el cordón sur.

Luego del crack del 29, la crisis económica comienza a extenderse lentamente en el territorio argentino, y en las décadas del 30 y 40 el modelo agroexportador tambalea y pierde la antigua capacidad de absorción de mano de obra. Así, gran porcentaje de la población rural emigra a las ciudades en busca de trabajo. Específicamente en el AMBA, se registra un aumento sostenido de las villas durante los años 50. En 1958, un estimado censal daba cuenta de que 200.000 personas vivían en condiciones de precariedad habitacional en Argentina. En ese año, la población residente en villas y asentamientos precarios en el AMBA oscilaba las 52.5000 personas; en 1963 se censaron 42.000 residentes distribuidos en 33 villas; en 1973, la población de las villas de Capital Federal y Gran Buenos Aires ascendía a casi 400.000 habitantes y en 1980, ya superaba los 500.000 (Cravino, 1998).

Como señalábamos, además de la población residente en villas, durante este período también se fueron configurando barrios obreros, en consonancia con las políticas redistributivas que promovían el acceso a la vivienda de los sectores medios y los trabajadores (Torres, 2003). Las clases populares urbanas en Argentina, en la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), estaban conformadas básicamente por obreros y empleados formales: ya en la década del 70 Buenos Aires y Montevideo albergaban a la mayor cantidad de proletariado formal en Latinoamérica (Grimson, 2003; Torres, 1992).

En los 50, 60 y 70, ambas ciudades fueron creciendo a un ritmo que fue acelerándose paulatinamente. El crecimiento urbano en términos habitacionales fue desordenado, aunque esto no produjo en principio segregación espacial notoria. Las clases populares, que se iban integrando a la ciudad, no contaban con los recursos necesarios para pasar a formar parte del mercado inmobiliario y éste era a su vez deficiente en relación con la capacidad de generar nuevos loteos e infraestructura acorde. De hecho, muchos especuladores del sector animaban a los trabajadores a comprar tierras en las zonas periféricas, en las que no había infraestructura ni servicios, y se accedía a dudosos títulos de propiedad por promesa de que allí llegarían grandes autopistas, nuevos sistemas de transporte, etc.

Así, las clases populares debieron ingeniárselas para construir sus viviendas como era posible, sin planificación ni dirección estatal; en este proceso se edificó de manera semilegal e ilegal y se tomaron u ocuparon tierras en su mayoría fiscales. Más allá del desorden en la urbanización, para principios de los años 70 Buenos Aires era —junto con Montevideo— de las ciudades más ordenadas, y se podían observar claros patrones: las clases medias y altas se ubicaban en el centro de la ciudad y desde allí hacia el norte crecían sobre la margen del río de la Plata, en busca de viviendas espaciosas y modernas. Las clases populares, por su parte, iban creciendo desde el sur de la capital hacia las zonas periféricas, especialmente la zona sur del conurbano.

Se produce entonces un sentido de ocupación y uso territorial en degradé en el que la frontera más visible es la que separa la provincia de la ciudad, especialmente entre la frontera sur de la capital y el conurbano (Cherrutti, Grimson, 2005). La tendencia habitacional en degradé se mantiene tanto en relación con el eje socio-económico, como también con el ecológico; mientras las clases medias y altas se asentaron en zonas con mejores locaciones ecológicas, las clases populares fueron ocupando áreas con mayor grado de contaminación.

Como señalamos en la introducción, hasta los años 70 la mayoría de los sectores populares urbanos no habían sido empujados aún a la pobreza estructural: las villas, asentamientos y comederos proletarios no eran parte predominante del paisaje urbano capitalino; las clases populares urbanas hasta ese momento eran equiparables con la clase obrera; no obstante, desde el período de la ISI, y a través del proceso que venimos narrando, se fue generando una creciente segmentación socio-espacial.

Hasta la llegada de la última dictadura, el movimiento social más aglutinante para las clases populares era el movimiento obrero que, a partir de la inequidad territorial, agregó a sus demandas tradicionales las demandas de vivienda e infraestructura.

LA DICTADURA Y SU TERRORISMO TERRITORIAL

Durante la última dictadura militar se llevaron adelante sucesivas políticas de erradicación de villas miseria. Así, mientras entre el 62 y el 76 la población villera capitalina creció a razón de 13.024 personas por año, a partir de 1976 y durante los años de la dictadura militar la tendencia se invirtió con una disminución brutal de 45.951 personas por año. Con el comienzo de la etapa democrática, y el consecuente abandono de las prácticas de asesinato y persecución, la tendencia al alza se retomó con un crecimiento anual aproximado de 1.000 personas.

Lo ocurrido a partir de los distintos programas de erradicación de villas —pergeñados y dirigidos casi en su totalidad por el brigadier Cacciatore⁴, intendente de facto de la ciudad, y en el último tramo por Del Chioppo⁵, su reemplazante— tuvo repercusiones en los territorios del Gran Buenos Aires, donde aumentó notablemente la cantidad de asentamientos, aunque no existen datos para determinar con exactitud en qué medida.

De esto da cuenta el memorable informe "La verdad sobre la erradicación de villas de emergencia en el ámbito de la Capital Federal", escrito por los siete curas villeros⁶: "Nosotros, un pequeño grupo de sacerdotes, sin apoyo, ni medios, no hemos podido montar una oficina con personal y recursos para elaborar cifrasy estadísticas. Pero hace más de diezaños que trabajamos en estas villas y desde haceya más de tres, que diariamente hemos tenido que escuchary compartir las angustias de miles de erradicados; hemos visto con nuestros propios ojos las angustias de centenares defamilias realojadas de una villa a otra en condiciones cada vezmás miserables; hemos visitado lugares del gran Buenos Aires donde se levantaron nuevas y pobres villas con erradicados de la Capital Federal (..) Por lo tanto, todas estas familias expulsadas de las villas de la Capital Federal han sido trasladadas con su ilegalidady su miseria a los municipios del Gran Buenos Aires. Con el agravante de que la infraestructura, los servicios y los recursos de estos municipios para asimilar estos nuevos contingentes depoblación son muy inferiores a los de la ciudad de Buenos Aires, la que, por otra parte, recibe casi la totalidad del aporte laboral de todos ellos" (Blaustein, 2006).

Es decir, mientras que disminuía notablemente la población en las villas de la Capital, aumentaba en el Gran Buenos Aires, aunque no podamos dar cifras totales acerca de cuál fue la variación real entre los habitantes de villas y asentamientos en el área metropolitana en su conjunto. Pero sí sabemos que, a partir de la vuelta a la democracia, la tendencia al alza de población villera en Capital Federal se retoma con un crecimiento anual aproximado de 1.000 personas; y es de suponer que una porción de esa población haya sido erradicada, que retornaron desde el conurbano. Aunque, por supuesto, los nuevos asentamientos bonaerenses no quedaron abandonados, sino que comenzaron o continuaron sus propias historias territoriales de marginación.

Eduardo Blaustein señala que los partidos que absorbieron la mayor cantidad de población villera fueron: La Matanza, con un 21 % de los erradicados; Lomas de Zamora, 6,9 % y Merlo, 8%; seguidos por Moreno, Quilmes, General Sarmiento y Florencio Varela. Según el autor, es a partir de 1981 que en el Gran Buenos Aires comienza a producirse "un nuevo fenómeno social: el de la formación de asentamientos". Este fenómeno no se produce únicamente a partir de la relocalización forzada de la población villera de Capital Federal, sino que también, a partir de la imposición del modelo neoliberal por parte de la dictadura, muchos de los barrios obreros periféricos —de los que hablábamos más arriba— se empobrecieron y se ampliaron de forma irregular —a partir de la ocupación de tierras—, convirtiéndose en grandes territorios con características propias. Existen varios casos paradigmáticos; por ejemplo, la Isla Maciel en Avellaneda, que hasta finales de los 70 era un barrio cuya población era básicamente de trabajadores industriales, astilleros y portuarios, o el barrio Don Orione en Claypole, que pasó de ser un barrio obrero hasta los años 80 a reconfigurarse como uno de los asentamientos más extensos del conurbano sur. De esta manera, el proceso general de subalternización de los sectores populares urbanos comienza a mostrar su costado más explícito: la territorialización de la pobreza.

Cuando el retorno democrático se volvió estable, la agenda estatal retomó el tema de las villas y asentamientos urbanos y se crearon distintos programas —ahora denominados de "radicación"— que, con intención de generar políticas participativas, buscaron un interlocutor barrial. Pero como afirma María Cristina Cravino, no se partió del conocimiento de la realidad (relevamientos o investigaciones) ni de la concertación, sino que desde el Estado se intentó construir un intermediario a medida. Eso fue lo que ocurrió con gran parte del movimiento villero de la ciudad de Buenos Aires (Cravino, 1998).

El programa se fue desgastando y un informe del CELS del año 1997 denuncia que el Programa de Radicación de villas no tuvo presupuesto desde 1994, y el único caso en el que siguió actuando, al momento de realización del informe, fue en la villa 31 (por la importancia urbanística y estratégico- inmobiliaria de estos terrenos fiscales). El caso resulta una muestra válida de lo que ocurrió en muchos territorios en relación con la intervención estatal y los modos de implementación de las políticas públicas (CELS, 2003).

Uno de los aspectos más relevantes en relación con la estructura habitacional del AMBA es la incorporación de la nueva forma de producción y uso del hábitat de los sectores populares que mencionamos unas líneas atrás: los asentamientos. Esta modalidad se inicia en 1981 con la toma ilegal de terrenos en la zona sur del conurbano bonaerense, y para finales de la década del 90 ya había un centenar de ellos (Merklen, 1997).

Estas ocupaciones se caracterizaron por ser masivas, estar constituidas en su mayoría no por inmigrantes sino por vecinos de la propia ciudad, y por su planificación del uso y desarrollo del futuro barrio. Esto último se vincula con la relación característica que los ocupantes pretendieron establecer con el resto de la metrópolis. Así, por medio de la organización, la planificación y la gestión sobre el territorio, los asentamientos intentan asimilarse a otros barrios obreros del conurbano, retomando la configuración preexistente (calles, loteo, manzanas y plano en damero). El plan es asentarse y normalizarse para constituirse en un barrio más y, a la vez, diferenciarse de las villas.

Como desarrolla Denis Merklen, el asentamiento como modelo habitacional constituye la respuesta a una identidad amenazada; los ocupantes buscan alejarse de una categoría social fuertemente estigmatizada: los villeros. Entre las familias empobrecidas de las clases populares opera el temor a ser relegados al ecosistema de la villa; más allá de la precariedad de las viviendas, lo que actúa son las representaciones urbanas negativas que construyen a la villa como un territorio de promiscuidad y violencia. En síntesis, un lugar hostil para habitar. Por supuesto que el mecanismo de defensa identitaria está fuertemente ligado a la dificultad de estos sectores para reconocerse, no ya como pobres sino como excluidos (Merklen, 1997).

CAPITALISMO SALVAJE: LA MÁQUINA TERRITORIAL

Las características habitacionales del AMBA y las variaciones demográficas durante los 90 plasman el proceso de exclusión socioeconómico en lo territorial. En 1991 se estimaba que la población en las villas de la Capital Federal ascendía a casi 51.000 habitantes y, según un documento publicado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, basado en una investigación realizada por el partido político ARI, en el decenio 1993 - 2003, hay un aumento sucesivo sostenido de la población en territorios de exclusión en Buenos Aires.

Hasta el neoconservadurismo menemista la tasa de crecimiento era, como dijimos, de aproximadamente 1.000 personas por año, pero durante este período esa cifra casi se cuadruplicó en la primera mitad de los 90, para llegar a más de 4.000 personas por año hacia fines de la década. No obstante, el balance en relación con la dirección de la agenda de reivindicaciones populares muestra que perdió fuerza el reclamo por la propiedad de la tierra y, sin duda por causa del aumento desmedido de la desocupación, crece la importancia del reclamo por trabajo. Así lo señalan Marcela Cerrutti y Alejandro Grimson, en Ciudades Latinoamericanas. Un análisis Comparativo del nuevo siglo, en el apartado denominado justamente "La agenda de los sectores populares: de la vivienda al trabajo". Hacia fines de los 90, se realizaron algunas obras de infraestructura (asfalto, servicios y, en menor medida, planes de tenencia de tierras). Básicamente por causa de las políticas focales descentralizadas aplicadas por los Municipios o por partidos políticos en el conurbano o por la autoorganización vecinal en el caso de las villas de Buenos Aires (Auyero en Wacqant, 2001), los problemas de vivienda encontrarán cierto margen de solución, sobre todo en comparación con la gravedad de la problemática del empleo. Se desplaza de la agenda popular el eje de tierra y vivienda y crece la demanda de empleo y, por transitividad, de planes de empleo.

Pero las variaciones más importantes, en términos de modelo habitacional, tuvieron que ver con la transformación de la estructura urbana del AMBA que vino de la mano del proceso de privatización de las empresas nacionales y de la inversión extranjera en infraestructura inmobiliaria. Durante la década del 90, la relación entre espacio y producción estuvo marcada por la tendencia globalizante en las metrópolis del mundo. Como plantea Saskia Sassen, los restaurantes caros, casas de lujo y tiendas gourmet se reproducen en la ciudad globalizada (SASSEN, 1991).

Buenos Aires no fue la excepción, y en su área metropolitana se concentraron la mayor parte de las inversiones. Así, de acuerdo con la declinación total de la función industrial, la ciudad se reacondicionó en función de lógicas de consumo de servicios avanzados: se trata de la nueva ciudad del capitalismo postfordista (Ciccolella, 1999); un territorio de puja por la organización socio-espacial que implica una dinámica de exclusión / incorporación de áreas habitables. Una ciudad dual (Sarlo, 1996) en la que los capitales extranjeros —que dominaban la economía nacional— se unen a los sectores altos y medios para expandir su ocupación y controlar el espacio de la ciudad, mientras expulsa hacia otros territorios a los sectores populares, cada vez más pobres.

En principio, los barrios porteños pasan de la articulación horizontal que propicia la circulación lineal del territorio a una densificación vertical organizada en forma de red, que conecta sólo enclaves de interés para el desarrollo del capitalismo global. Así, la inversión inmobiliaria en la ciudad se concentró en la construcción de edificios de categoría, hoteles de lujo, complejos de oficinas clase A, shoppings e hipermercados y grandes torres de vivienda para los sectores altos y medios altos (Ciccolella, 1999).

Esta reconfiguración del espacio urbano afectó la unidad tradicional de la estructura territorial, la manzana, y desestructuró los patrones de localización comercial. Consecuentemente variaron las dinámicas de tránsito y de uso del espacio y las redes de comunicación establecidas por los habitantes.

En el territorio suburbano, sobre todo en la zona norte, los capitales internacionales y transnacionales aplicaron la inversión al desarrollo de barrios cerrados, privados, countries, grandes centros comerciales, autopistas y accesos que permiten la comunicación rápida con los barrios ricos de la capital, pueblos privados y hasta ciudades privadas como en el caso de Nordelta. Por supuesto, las modificaciones repercutieron en las condiciones de hábitat y de ocupación territorial de las clases populares y, entre ellas, en el sector de los excluidos, que emerge y comienza a crecer dramáticamente durante la década del 90.

Este último período de capitalismo salvaje llegó a su punto más álgido junto con el final del siglo XX, y el proceso de precarización y pauperización de las clases populares hizo eclosión con la crisis de 2001.

CONCLUSIONES, ESCENOGRAFÍAS Y ECOSISTEMA EN EL NUEVO MILENIO

El análisis detallado de lo que ocurrió después merece otro apartado, en el que predominen los relatos etnográficos; no sólo por la complejidad que la recuperación de la crisis tuvo en términos culturales, territoriales y organizacionales, sino también por las dificultades a las que nos enfrentamos los investigadores para conseguir datos confiables a partir de 2006⁷. Pero podemos establecer algunas conclusiones, sobre todo conceptuales, respecto del mapa de relaciones socio-territoriales que configura el AMBA en esta primera década del milenio.

El proceso de destitución social que relatamos tuvo lugar también en la puja por el espacio urbano, por el derecho a habitarlo y transitarlo. A medida que un importante sector de las clases populares cayó en la considerada pobreza estructural, y mientras emergía y se consolidaba la categoría de "excluidos" como actores sociales relevantes de las metrópolis, en Buenos Aires el tradicional modelo habitacional de conventillo se diluyó y se instauró el gueto.

Aunque no se trata del gueto étnicorracial al modo de los guetos negros estadounidenses, ni del socio-económico y cultural de la Banlieu parisina —estudiados por Loic Wacquant— valen algunas descripciones estructurales de estos territorios de destitución en el primer mundo para reflexionar sobre la configuración de la territorialización de la exclusión en el AMBA. En principio, coinciden en el período en el que emergen, la globalización en el marco del neocapitalismo avanzado.

Luego, en el primer caso, quienes viven en el gueto de Chicago se diferencian de sus vecinos de la ciudad a partir de una característica explícita: el color de piel. La otredad construida en torno del territorio y los sujetos es tan notoria que hasta investigadores y actores oficiales acuñaron las categorías de inner city (ciudad deprimida o subterránea) para definir el espacio, y de underclass (infraclase) para clasificar a sus habitantes. En el segundo caso, la Banlieu, se caracteriza por ser el espacio en que conviven quienes están excluidos por sus condiciones socioeconómicas, que otrora fueran transitorias y hoy son estructurales. Pesa sobre ellos una fuerte estigmatización en relación con el lugar que habitan como espacio de violencia y depravación, y el estigma crece a medida que aumenta la cantidad de extranjeros —mayoritariamente africanos y europeos del Este— (Wacqant, 2001).

En Buenos Aires, a diferencia de Nueva York y de otras metrópolis en América Latina, los guetos del AMBA no se relacionan con la etnia sino con las condiciones socioeconómicas. Históricamente, la relación etnicidad / territorialidad estuvo marcada, como dijimos, por el modelo del conventillo: en las villas miseria convivieron personas de distintos países y ciudades, por eso la territorialidad está marcada por lo socio-económico (muy relacionada con el eje del trabajo) y no por lo étnico-racial (Grimson, 2003). Pero en los 90, con el deterioro del sistema de transportes e infraestructura, se pasa del "modelo de conventillo" al de guetos socioeconómicos. Un ejemplo de esto es la rápida adopción que tuvieron los sectores excluidos metropolitanos de la modalidad de reclamo que constituye el piquete. En ese contexto de aislamiento territorial y desocupación, se evidenció, por un lado, una fuerte territorialidad de la exclusión y, por otro, una alta capacidad de las organizaciones de sitiar la ciudad, a pesar de no tener la posibilidad de acceder al centro político urbano. Es decir, mientras se vulneran los derechos de acceso y circulación, los excluidos se organizan para afectar la dinámica misma de la ciudad, bloqueando las vías de acceso. Esto se observa claramente en la zona sur, en la que es habitual que para llamar la atención del Gobierno Nacional y de los medios de comunicación se corten los puentes que atraviesan el Riachuelo (en particular el puente Pueyrredón).

Paralelamente a la territorialización de la exclusión que se plasmó desde los últimos años del siglo pasado, se está dando un proceso de etnificación de la exclusión, muy vinculado con la pertenencia o no a determinados territorios (Auyero, 2001). Este proceso opera tanto en las representaciones transmitidas por los medios —en los que los territorios en cuestión aparecen siempre vinculados con noticias sobre delincuencia, inseguridad, violencia, narcotráfico, etc.; casi siempre dentro de la sección "policiales"—, como también en las reproducciones del sentido común de muchos vecinos, en las lecturas y diagnósticos realizados por la Academia y en las Políticas Públicas generadas por los aparatos de gobierno. Este último punto es el más preocupante, ya que la reproducción acrítica de la etnificación de la exclusión ha traspasado la esfera del sentido común para pasar, objetivada y naturalizada, a formar parte de los sentidos dominantes de la esfera técnico-política.

A partir de todo esto, se concluye que es necesario revisar las categorías de análisis y el enfoque hegemónico con el que se aborda la problemática de la exclusión metropolitana. Si atendemos los criterios de reflexividad sobre la práctica científica, y el sentido mismo de la planificación de políticas sociales: mejorar la calidad de vida de los sujetos, se nos hace insoslayable la necesidad de realizar trabajos etnográficos que nos permitan redefinir los conceptos prospectivamente (con los actores implicados) para pensar la territorialización de la pobreza, a fin de intervenir en esa realidad y transformarla.

Notas

1- El término subalterno es acuñado por Antonio Gramsci para referirse a sectores marginaliza-dos y a las clases inferiores. Luego, lo retoma la corriente teórica del poscolonialismo con la intención de reescribir la historia nacional a partir de las voces silenciadas por el imperialismo colonial. Esta corriente antiimperialista nace entre grupos de intelectuales sudasiáticos tras el período de descolonización y reconstrucción de la historia nacional en sus países. Lo que se enfatizó es la indisolubilidad de la subalternidad económica y la subalternidad cultural. Recientemente, en América Latina, Boaventura de Sousa Santos (2002) adoptó y transformó el concepto para referirse al "cos-mopolitanismo subalterno" en relación con las prácticas contra-hegemónicas de los movimientos sociales que luchan contra la globalización neoliberal y sus consecuencias en términos de exclusión social.

2- Se utiliza la categoría de sectores socioeconómicos, similar a la categoría de clases de Portes y Hoffman (2003): "Categorías de población discretas y duraderas caracterizadas por el acceso diferencial a recursos que otorgan poder y diferentes expectativas de vida" —citado en: Portes, A., Roberts, B. y A. Grmson (2005)— distinta de la categoría marxista tradicional de clases sociales relacionada directamente con la propiedad o no de los medios de producción Marx, Karl, 1889).

3- Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, www.moi.org.ar. Consultado en mayo de 2008.

4- Con motivo del balotaje del 24 de junio de 2007 en la elección a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el candidato Mauricio Macri señaló en una entrevista con el diario Clarín que rescata la gestión de Cacciatore en relación con las políticas imple-mentadas con las villas miseria. Clarín, domingo 17 de junio de 2007.

5- A pesar de su rol en la erradicación de villas, durante la última dictadura militar, con la llegada de la democracia, Del Chio-ppo se convirtió en profesor de la materia Derecho Constitucional en el colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dato que me consta, por haber sido yo misma su alumna en 1995.

6- Héctor Botán, Miguel Angel Valle —Villa Lugano—; Daniel de la Sierra —Barracas—; Rodolfo Ricciardelli, Jorge Vernazza — Bajo Flores—; José Meisegeier —Retiro— y Pedro Lephaille, Mataderos.

7- A partir de 2007, se implementaron una serie de cambios en el Instituto Nacional de Estadísti-casy Censos, INDEC, que derivaron en serias y notorias irregularidades en las mediciones. Estas ponen en duda la veracidad de los índices (Inflación, IPC, Ocupación, Desocupación, Pobreza e Indigencia). Desde enero de 2007, la Justicia investiga si hubo o no manipulación intencionada la causa está radicada en el Juzgado Federal N° 6, Secretaría N° 11, el Juez que entiende en la causa es Rodolfo Cani-coba Corral y la parte acusadora la representa el fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido (que al cierre de este artículo, en marzo de 2009, acababa de renunciar a su cargo).

BIBLIOGRAFÍA

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