Introducción

En su obra, Milton ^{Santos (2000}) explica que el territorio en sí mismo no es objeto de análisis social, si no que el uso del territorio, comprendido como un híbrido de materialidad y vida social, es lo que lo transforma en un objeto de estudio. Por lo tanto, se entiende al espacio como un producto social, y retomando la conceptualización de ^{Silveira (2008}), es pertinente aclarar que el territorio usado reúne las acciones pasadas ya cristalizadas en objetos, normas y las acciones presentes, que son aquellas que se realizan ante nuestros ojos.

Así, el movimiento dialéctico entre la sociedad y el territorio, siempre contradictorio, hace que los objetos físicos no sean inmutables, si no que el contenido social presente en el mismo, hace que exista esa movilidad. En definitiva, el espacio como categoría de análisis de la geografía, evidencia que el espacio social está contenido dentro del espacio geográfico, el cual ha sido creado por la naturaleza y modificado por las conductas de la sociedad, como evidencia el caso a estudiar, donde las conductas de la sociedad conectada se manifestaron en una práctica en el territorio. En palabras de Santos, el espacio geográfico resulta ser “un conjunto indisociable, solidario y contradictorio de sistemas de objetos, y sistemas de acciones no considerados aisladamente, sino como el único cuadro en el cual la historia se da” (^{Santos, 2000}, p. 50). En resumen, el espacio es comprendido según los intereses e intenciones de las diferentes relaciones sociales conflictivas que los crearon, estas mismas estructuran las sociedades y también la forma de relacionarse con sus espacios.

El presente trabajo plantea como objetivo general, analizar la mediación de las redes sociales virtuales en el uso del territorio para poner de manifiesto la lucha por los derechos humanos en la movilización social del “NO al 2x1” en las condenas de delitos de lesa humanidad. Es decir, acciones del pasado cristalizadas en una conciencia colectiva, por no volver nunca más a los crímenes de Estado, y las acciones del presente tomadas en 2017 como la defensa de la sociedad ante leyes que nos retrotraen a ese pasado al que no se quiere volver.

A modo de estrategia metodológica digital (^{Manovich, 2008}), para abordar el propuesto objetivo, es que se realizó un rastreo de fuentes virtuales en la plataforma Twitter, ya que la red social hace hincapié en el carácter abierto de sus políticas de difusión (^{Calvo, 2015}; ^{Rojas, 2012}). El relevamiento consistió, en primer lugar, en identificar las tendencias en argentina del momento (Trending Topics) que tuvieran correlación con el objeto de estudio; una vez realizado ese recorte, se detectaron, a partir del filtro de búsqueda que posee la plataforma llamado “destacados”, las publicaciones con más repercusión durante la jornada seleccionada como recorte temporal, entendiendo a estas como las piezas que contaban con mayor cantidad de “me gusta”; “retuits” y “respuestas”, dejando de manifiesto que se corresponden a convocatorias a la movilización de distintos espacios políticos e ideológicos.

A su vez, entre las tendencias destacadas, y liderando las posiciones en los temas más debatidos del día, aparecieron #NoAl2x1 y #NuncaMásGenocidasSueltos, como las narrativas a favor de la movilización; en tanto, #ElCurroDeLosDDHH en conjunto con #NoFueron30mil fueron tendencias mucho más marginales en la red, utilizadas para el debate entre las cuentas que se manifestaron contrarias a la jornada del 10 de mayo de 2017.

Así, las acciones del pasado y del presente establecen relaciones sociales en constante disputa que configuran el territorio, definido de forma general como la apropiación social de una porción de la superficie terrestre, o en términos de ^{Fernandes Mançano (2005}), el espacio apropiado por una determinada relación social que es sostenido a partir de una forma determinada de poder. En términos de ^Massey el espacio:

como producto social es abierto a la política, en su misma constitución está lleno o empapado de poder; y ese poder tiene múltiples formas (económica, política, cultural, dominación, igualdad, potencia) y se realiza en relación entre una cosa (persona, nación, región y lugar) y otra. (²⁰¹⁶, p. 1)

La noción de territorio también es esencial para el análisis de las ciencias sociales en general, ya que el mismo es multidimensional y actúan en él multiplicidad de poderes que le dan lugar, en consecuencia, a la creación de diversos territorios en los que las relaciones culturales generan distintos entramados de relaciones entre sujetos, entre las políticas, y entre el desarrollo económico que se despliegan en estas multiterritorialidades.

Así, a fin de darle espesor teórico a la categoría de territorio es que se tienen en cuenta algunas definiciones que aportaron a la construcción histórica del concepto desde la nueva geografía regional. En términos de Sack, la territorialidad es entendida como el producto espacial de determinadas relaciones sociales y como una “estrategia de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar personas, fenómenos y sus relaciones, a través de la delimitación y ejerciendo control sobre un área geográfica” (^{Sack, 1986}, p. 17). Es decir que esa área geográfica, donde se disputan relaciones que influyen en las personas, es lo que da como resultado al concepto de territorio en sí.

En ese sentido, a partir de considerar a los territorios como construcciones sociales, el geógrafo finlandés Paasi afirma que los mismos son procesos sociales que a partir de la acción y conciencia social logran institucionalizarse. Dicho proceso se da a partir de distintos aspectos que el autor define como: la forma territorial, comprendida por la construcción de límites físicos y simbólicos; la forma simbólica, aquellos elementos construidos discursivamente, los símbolos fijos y las prácticas sociales en las que estos elementos se juntan; y la forma institucional, las prácticas institucionalizadas como la administración, la política, y la cultura, que suelen adquirir una identidad más amplia que la propia territorialidad, por lo que ese proceso puede llegar a su fin en lo que el autor denomina como desinstitucionalización (^{Paasi, 2003}).

En esa línea, Benedetti propone una síntesis al recorrido iniciado por ^{Sack (1986}) y ^{Paasi (2003}) entendiendo que:

el territorio no es un soporte material, un objeto sobre el que se desarrollan los procesos: el territorio mismo es un proceso, que atraviesa y es atravesado por otros procesos. Es la sociedad, a través de sus relaciones, la que construye no “el” sino “los” territorios. Cotidianamente lidiamos con infinidad de territorialidades, superpuestas y de diferentes escalas. (^{Benedetti, 2009}, p. 7)

Al mismo tiempo, agrega que la temporalidad se transforma en una cuestión trascendental en estas definiciones del concepto de territorio, ya que estos son elementos geohistóricos que se construyen a través de prácticas materiales en un recorte de tiempo determinado (^{Benedetti, 2009}).

Entonces, las relaciones sociales se materializan y se reproducen en el espacio, produciendo espacios y territorios en movimientos desiguales y multidimensionales, contradictorios y conflictivos, definidos todos ellos como procesos geográficos. Estos, son los procesos que se buscan analizar en el presente trabajo, a partir de un estudio de caso particular, entendiendo a los procesos geográficos como indisociables, que incluyen movimientos desiguales, contradictorios y conflictivos a partir de la materialización y reproducción en el espacio de las relaciones sociales (^{Fernandes Mançano, 2005}).

Según explica ^{Aruguete (2018}), hubo intentos de las denominadas autoridades hacia dentro de las redes (usuarios con gran cantidad de seguidores y capacidad de propagación de mensajes), de las entonces voces oficialistas por imponer discursos opositores al reclamo que resultaron fallidos, como fueron los casos de los hashtags #ElCurroDelosDDHH y #NoFueron30mil que no llegaron a ubicarse entre las primeras tendencias entre las que se debatió en la jornada estudiada, ya que la reputación sobre los debates en materia de DDHH en nuestro país ha sido apropiada por los organismos y colectivos sociales que conforman una narrativa densa y públicamente creíble, no solo en las calles, sino también en las redes virtuales.

Por lo tanto, se puede observar que, si bien las redes digitales son inmateriales, trabajan en la construcción de relaciones sociales y que el cuestionamiento hacia la Justicia en Argentina a partir de la lucha de los DDHH y la aparición del fallo que benefició con el “2x1” a un represor, llevó a analizar esos movimientos desiguales, contradictorios y conflictivos que se materializaron en el uso del territorio, a partir de una histórica movilización en las calles.

Entonces, se evidencia al espacio social como la materialización de la existencia humana (^{Lefebvre, 1991}), mediante la cual el espacio geográfico se transforma en el concepto esencial a estudiar, junto con el territorio entendido como la construcción social del espacio, conformado a través de las relaciones de poder existentes hacia dentro del mismo. Entendiendo que las relaciones de poder en tensión se basan en una clase dominante con el poder político del momento, que buscó instalar discursos en las redes sociales virtuales, en contraposición a la convocatoria por el “No al 2x1” que logró evitar que la Justicia otorgue ese beneficio en crímenes de lesa humanidad; como así también se identifica una relación de poder tensionada entre la Justicia como representación de la clase dominante y la lucha social de los organismos de DDHH.

Tecnologías de la información y territorio

En ese sentido, la propuesta se centra en establecer un diálogo con algunas nociones planteadas por Milton ^{Santos (2000}) en su obra “La naturaleza del espacio”, acerca de las técnicas de la información y la comunicación, su preponderancia en el espacio geográfico, y cómo las mismas podrían ser repensadas desde la actualidad, a partir de analizar la movilización impulsada por los organismos de Derechos Humanos en mayo de 2017, tras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera el beneficio del “2x1”¹ en el cumplimiento de su condena al represor Luis Muiña, detenido por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, las cuales lograron que, meses más tarde, el Congreso de la Nación sancionara una ley prohibiendo dicho accionar de la Justicia.

Es importante aclarar que el caso seleccionado cobra importancia a la hora de abordar el objetivo estipulado, ya que la convocatoria a la marcha del 10 de mayo de 2017 en reclamo por el “No al 2x1”, fue absolutamente espontánea y surgió primeramente -luego el debate llegó a las coberturas de medios tradicionales- desde las cuentas de redes sociales oficiales de los organismos de DDHH, como así también de diversos movimientos sociales, que históricamente han acompañado este tipo de reivindicaciones.

De esta manera se produce un desplazamiento desde el espacio virtual, en este caso una convocatoria a una movilización por un reclamo en particular vía plataformas de redes sociales, hacia el territorio entendiendo que la racionalidad del mundo actual también reside en el mismo, y no solo en la dimensión social o económica.

A fin de comprender cómo las redes actúan en la sociedad, ^{Santos (2000}) definió al vector información como la materia prima de la revolución tecnológica, entendiendo a la era de las telecomunicaciones como la combinación entre los avances en materia de técnicas digitales, las políticas neoliberales, el mercado global y los procesos de globalización económica y social. Por lo que podemos entender desde una visión actual que las redes sociales, al igual que la geografía de las redes, son sociales y políticas al mismo tiempo.

Las redes virtuales generan una nueva percepción y uso del tiempo, asemejándose a lo que el autor brasilero definió acerca del uso de la computadora dos décadas atrás, haciendo hincapié en el poder que tenía para ampliar el poder de comunicar “permitiendo rapidez e incluso instantaneidad en las transmisiones y recepción de mensajes y órdenes” (^{Santos, 2000}, p. 157), conceptualización vigente si se hace referencia a definiciones modernas sobre redes sociales y plataformas de comunicación digital.

Acerca de las innovaciones técnicas con los modernos avances en comunicación y tecnología digital, las nociones teóricas de tecnoesfera y psicoesfera (^{Santos, 2000}), están estrechamente relacionadas con la ampliación de los contextos en los cuales se disputa por la hegemonía de circulación y explotación del espacio, por lo cual resultan ser producto de una sociedad más amplia, entendiendo a ambas esferas como los procesos de cambios en las relaciones sociales, dentro del territorio.

Reconoce a la tecnoesfera como aquella dependiente de la ciencia y la tecnología, que se adhiere al lugar, a lo local; y en complementación adhiere el término de psicoesfera como ese sitio simbólico en el que circulan las ideas, creencias y donde se produce el sentido. Por lo tanto, es aquí donde podemos ubicar a las redes sociales virtuales de la actualidad, como aquellas que en las sociedades modernas consolidan, en cierto modo, la interacción entre tecnología y valores sociales dentro del territorio.

Asimismo, las dos esferas que se superponen también poseen su dimensión temporal, la existencia de tiempos rápidos y tiempos lentos, naturalmente suceden cada vez con mayor grado de complejidad. Uno no existe sin el otro, son los que animan las acciones y su realidad es de continua yuxtaposición. Los tiempos rápidos, más referidos a la inmediatez y fluidez de la circulación de información en las cuestiones coyunturales, podrían estar más ligados al entramado propuesto por las tecnologías de comunicación on line; sin embargo, al mismo tiempo, representan un proceso de fondo, de tiempos lentos, estructural y ligado a la incorporación de los fenómenos de globalización a nuestras relaciones humanas, vidas cotidianas y a sus efectos locales.

La problemática se circunscribe al recorte territorial metropolitano, resignificado por los organismos de DDHH en Argentina prácticamente desde los inicios de la Dictadura militar -la primera marcha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo data del 30 de abril de 1977- proceso en el que se puede observar los diferentes modos de representación en el espacio metropolitano “a partir de la movilidad espacial y el anclaje en el territorio, la combinación entre imaginarios espaciales y espacio vivido” (^{Hiernaux y Lindón, 2004}, p. 74), como lugar de disputa para visibilizar las demandas que con el correr de los años se volverían tan representativas para la sociedad argentina.

En ese sentido, en términos de ^{Santos (2000}) las ciudades son el punto de intersección entre las horizontalidades y las verticalidades, sobre todo lo observamos en las grandes ciudades. Esto quiere decir que es allí donde lo horizontal, referido al orden cotidiano, a lo local que conlleva a la cooperación del día a día, se entrecruza con lo vertical que hace al funcionamiento global de la sociedad y la economía, por lo que el espacio se compone por dos procesos conjuntos que se interceptan en los lugares de manera inseparable. Así, la información como vector vertical, es el gran coordinador de las acciones que definen las nuevas realidades espaciales encontrándose al servicio de las fuerzas económicas y del Estado; y por su parte la comunicación, desde una perspectiva dialógica, es el vector horizontal.

Por lo tanto, las redes sociales virtuales, comprendidas en términos de acción política, como herramientas convocantes a manifestaciones en el territorio, establecen una alianza horizontal de los lugares al unir a la sociedad en busca de intereses colectivos que pueden crear solidaridad activa para transformarse en acción política, en este caso en reclamo de cuestiones referidas a un fallo de la justicia que había sido favorable a un represor.

Desde una perspectiva comunicacional, la definición clásica de redes sociales virtuales es la que interpreta a las mismas como redes de lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de pertenencia y una identidad social a partir de la Web 2.0 (^{Espinar y González, 2009}). En pos de complejizar la concepción del término, es correcto aseverar que las plataformas multimediales presentan una instancia de sociabilidad, y van más allá de una simple estructura mediática por la que circulan los vectores de información, si no que las mismas, comprendidas dentro del tipo Social Networking Sites (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras), se transforman en una estructura para adquirir protagonismo en el espacio público (^{Van Dijk, 2016}).

Resulta apropiado aquí estrechar un vínculo con el planteo realizado por ^{Lindón et al. (2006}), quienes sostienen en su estudio que la construcción social del espacio se encuentra atravesada por las apropiaciones simbólicas de los imaginarios urbanos, estableciendo que la capacidad de apropiarse de los medios de comunicación y la tecnología por parte de los usuarios, es crucial para entender la configuración de las identidades en un espacio público mediático, dejando en evidencia la clara conexión de dicha definición con la de redes digitales, vistas como herramientas actualmente relevantes para poder llevar adelante distintos tipos de expresiones en el territorio.

La territorialización de la lucha por los DDHH

Los organismos de DDHH se van expresando en su lucha y hacen uso del territorio de acuerdo a la contextualización histórica de su conformación y su accionar. Las primeras apariciones públicas de las señoras con los pañuelos blancos en sus cabezas y su famosa ‘ronda de los jueves’ se produjeron un año después del comienzo de la dictadura militar en Argentina -abril de 1977-, aunque la mayor parte de los grupos se formaron posteriormente, ya con la restauración de la democracia en 1983, en reacción a los crímenes y genocidios que había cometido el gobierno de facto, en un clima social muy tensionado que venía sufriendo represiones sistemáticas, y que tenían como objetivo instaurar la democracia como sistema política sobre los cimientos de los derechos humanos.

La denominación por parte del régimen dictatorial de la figura de “detenidos-desaparecidos” y el clima alborotado de la época, llamaron la atención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que en 1979 visitó el país para hacer una serie de estudios sobre las denuncias realizadas, lo cual favoreció a la coordinación, publicidad y legitimidad de los distintos grupos que en el país estaban trabajando en esas temáticas (por ejemplo, tras la visita de la CIDH fue creado el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- organismo fundamental en la lucha, esencialmente en el ámbito jurídico).

De esta manera, los organismos fueron ganando credibilidad en la sociedad y se transformaron en el principal polo opositor a la dictadura, logrando instalar la discusión sobre los crímenes y violaciones a los derechos humanos como el principal discurso para deslegitimar al régimen dictatorial. La guerra de Malvinas de 1982 significó un último esfuerzo desesperado de la dictadura por permanecer en el poder; al principio el gobierno de facto había logrado despertar en la sociedad un gran sentimiento nacionalista, al mismo tiempo que la declaración del conflicto bélico había gozado de buena recepción en la opinión pública en general.

Sin embargo, con la derrota en la guerra, los organismos de DDHH volvieron al centro de la escena, pudiendo recuperar el protagonismo con sus demandas: la represión, los desaparecidos y ahora muertos en una guerra absurda, volvieron a ser el eje de la discusión política, lo que marcó definitivamente la salida de la dictadura más sangrienta de la historia nacional.

El triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983 significó la vuelta a la democracia tras siete años oscuros para la historia argentina, el candidato de la UCR había logrado articular los discursos de la clase media y los sectores populares, con un discurso progresista de avanzada para la época tomando una clara posición en contra de la guerra de Malvinas y en coincidencia, apoyando la lucha de los organismos de derechos humanos.

Así, llegó el Juicio a la Juntas Militares y la elaboración del informe del “Nunca Más” por parte de la CONADEP², los cuales sacudieron la memoria colectiva y significaron la reconstrucción de la identidad de la sociedad argentina. Fue tal vez el momento de mayor consenso y repudio al accionar represivo y los crímenes de la dictadura, lo cual significó el acuerdo tácito para toda la sociedad argentina sobre la instalación del Estado de Derecho, el pluralismo y la construcción democrática como la única forma de ejercer el poder.

Con la llegada del menemismo al gobierno en 1989, se utilizó la excusa del ‘perdón’ con el objetivo de ‘reconciliar’ a la sociedad, a partir de otorgarles impunidad a los condenados por las causas de violación a los derechos humanos, utilizando el indulto y las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Naturalmente, el objetivo del ‘olvido’ y ‘perdón’ no se logró, por lo que los organismos continuaron su lucha, recuperando su lugar en el territorio a partir de la centralidad en el debate político que hubo en la esfera pública por sus marchas y movilizaciones masivas.

A partir del año 2003, posteriormente a los peores años de la democracia nacional, donde la política sufrió una gran crisis de legitimidad producto de las medidas neoliberales de recesión económica, llegó lo que significó el cambio de paradigma más importante en derechos humanos desde la restitución democrática. Con la llegada del kirchnerismo en el año 2003, se implementaron una serie de medidas que tuvieron alto impacto en materia de memoria, justicia y verdad, en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En primer lugar, el Congreso de la Nación sancionó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, anuló las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, e inclusive la Corte Suprema de Justicia declaró el carácter inconstitucional de las mismas, por lo que así comenzaron nuevamente los juicios, procesamientos y condenas a responsables de crímenes durante la dictadura. Al mismo tiempo, entre otras cosas, se creó el Archivo Nacional de la Memoria, el Banco Nacional de Datos Genéticos, y se realizaron numerosas identificaciones de cuerpos a través del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Más allá de lo estrictamente relacionado a medidas judiciales y políticas de DDHH, se realizaron diversas manifestaciones por parte del gobierno relacionadas íntimamente con el plano de lo simbólico y la elaboración de representaciones e imaginarios en torno a las víctimas y crímenes de la dictadura. En el año 2004, Néstor Kirchner convirtió al ex centro clandestino de detención de la ESMA en un Museo y Espacio de la Memoria (mecanismo que se replicaría por todo el país en los distintos excentros de represión), y en ese mismo acto, además de presentar a Juan Cabandié como nieto restituido número 77, el Presidente pidió disculpas en nombre del Estado “por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades” (Casa Rosada. Presidencia, 2004), paso siguiente descolgó los cuadros con las fotos de los presidentes que habían pertenecido a la Junta Militar, que hasta ese día continuaban colgados en los pasillos de la ESMA. Todo el simbolismo de esa jornada histórica del 2004 fue reconfirmado al declararse al 24 de marzo como feriado por el “Día Nacional de la Memoria”.

Con el triunfo electoral de la alianza Cambiemos en 2015, la presidencia de Mauricio Macri significó un claro retroceso en el sentido construido con respecto a la dictadura militar y la presencia y acompañamiento del Estado en ese sentido. Si bien los organismos de DDHH argentinos continuaron con su trabajo, lograron restituir la identidad de varios nietos y nietas, e impulsaron juicios por crímenes de lesa humanidad, el Estado de tinte neoliberal no atendió las causas de este tipo, ni acompañó activamente a los organismos. Inclusive, el discurso negacionista de varios funcionarios macristas buscó instalar un absurdo debate sobre la cantidad total de desaparecidos, el propio ex presidente Macri en una entrevista al diario La Nación habló del “curro” de los DDHH, y del uso “ideológico” y “politizado” de las causas por parte de los organismos (^{Rosemberg, 2014}). Además de sostener numerosas detenciones arbitrarias de opositores políticos, como el caso de Milagro Sala en Jujuy, en ese contexto, la Corte Suprema de Justicia favoreció con el “2x1” en el cumplimiento de la condena a un represor con sentencia, cuyas consecuencias serán materia de análisis más adelante.

En términos de espacio y territorialización, los organismos de DDHH surgieron principalmente como movimientos urbanos, que lograron su visibilización y legitimidad a partir de las movilizaciones en el espacio, principalmente las marchas en lugares públicos significativos de cada uno de los centros urbanos del país. Su lucha fue fundamental para la finalización del régimen dictatorial, y lograron su mayor capital simbólico transformándose en un actor político de peso a partir de la restauración democrática. Estos imaginarios espaciales, más el espacio vivido, confluyen en diversos modos de apropiarse del espacio metropolitano (^{Lindón y Hiernaux, 2004}).

Los procesos geográficos son en sí mismos procesos sociales, son indisociables unos de los otros, en el caso de los procesos de territorialización de los organismos de DDHH, resulta interesante observar cómo los mismos fueron llevando adelante sus espacializaciones, los movimientos concretos de las acciones y su reproducción en el espacio. Resulta pertinente aclarar que los organismos de derechos humanos, tales como son conocidos por sus acciones en Argentina, no son precisamente movimientos sociales, ya que poseen otro tipo de coordinación, regulación y conexión con el Estado, aunque sí son los reclamos por DDHH los que impulsan a los diferentes movimientos sociales, que probablemente sus esencias fundacionales no sean específicamente reclamos por este tipo de derechos, a manifestarse usando el territorio por demandas relacionadas con la reivindicación de los derechos humamos.

En términos de ^{Fernandes Mançano (2005}) podríamos mencionar a estas organizaciones y sus acciones dentro de los movimientos socioespaciales, ya que según el autor los movimientos sociales definidos específicamente como socioterritoriales son aquellos que tienen como esencia y objetivo principal la lucha por el territorio en sí. Por lo tanto, los movimientos sociales que se movilizan en reclamos por DDHH tienen el objetivo de cambiar alguna realidad específica, son un sujeto colectivo, producen espacio, pero no tienen como principal motor la disputa por el territorio, por lo tanto, entendiendo que el territorio es construido a partir del espacio es que puede definirse a los organismos de DDHH como movimientos socioespaciales.

Hacia el final del gobierno de facto comenzaron los reclamos de este tipo de movimientos en el territorio, dando surgimiento a las ahora demandas históricas, concentrándose en los sitios neurálgicos de los grandes centros urbanos, apropiándose de esa lucha con los simbólicos pañuelos blancos, y a partir de esas acciones y su respectiva preponderancia en el espacio, establecieron los imaginarios urbanos de su lucha.

Otro de los procesos territoriales que es importante observar en este sentido como acciones pasadas, fue la concreción de los juicios por delitos cometidos en la dictadura en los lugares en que los mismos crímenes habían sido cometidos. Estos juzgamientos comenzaron a realizarse aproximadamente en el 2008, durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, pues así víctimas y victimarios fueron reencontrados por la justicia en los mismos excentros de detención clandestina donde las violaciones a los derechos humanos se habían cometido. Esto significó una forma de establecer visibilidad y conciencia colectiva, retornando al territorio testigo de esos crímenes, así la justicia trasladó sus juzgados y tribunales para realizar sus tareas en los mismos lugares de los hechos, cargando a las sentencias de más valor simbólico del que ya cada causa tenía per se.

El beneficio del “2x1” a genocidas: del espacio virtual al territorio

Del espacio virtual al territorio, del beneficio del “2x1” a genocidas a la movilización social de repudio que detuvo la ley, para abordar este análisis nos apoyamos en la conceptualización de una espacialidad de la resistencia desarrollada por ^{Oslender (2002}), utilizando los tres momentos que construye ^{Lefebvre (1991}) sobre las representaciones en el espacio: las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación.

Estos diferentes momentos poseen una relación dialéctica, están interconectados, y no pueden ser considerados elementos independientes; haciendo esta salvedad, se busca realizar un análisis del evento clave elegido haciendo hincapié en las representaciones del espacio, a partir del análisis de las redes sociales como tales, y de los espacios de representación alcanzados por los organismos de DDHH a partir del caso de estudio. Luego, al final del apartado, se elabora un análisis a partir de la noción teórica conocida como activismo digital, a partir de categorizar el evento seleccionado para el estudio como una forma de ciberactivismo con repercusión en el territorio.

El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia favoreció con el “2x1” en el cumplimiento de su condena al represor Luis Muiña, y en consecuencia desató una catarata de pedidos de otros condenados por crímenes de lesa humanidad del mismo beneficio. Esto despertó el descontento y repudio de gran parte de la sociedad, ya que sintió que los derechos conquistados como base de la democracia estaban en riesgo, y partir de allí los organismos de DDHH se organizaron y volvieron a tomar un rol central en el debate político nacional.

Este regreso a la centralidad tuvo varias aristas, en primer lugar, la vuelta al territorio de los organismos de DDHH acompañados por aquellos movimientos socioespaciales que se sintieron interpelados por el fallo supremo. En términos de ^{Lefebvre (1991}) la movilización masiva en Plaza de Mayo, llevada a cabo a una semana de la sentencia de la Corte (10 de mayo de 2017) significó un espacio de representación, asociado a lo vivido, donde las formas de conocimiento de los movimientos y organismos recuperaron el centro de la escena y volvieron a poner en juego aquellas demandas históricas arraigadas a su experiencia, pero con la capacidad de adaptarlas a una escala moderna, ya no fue para reclamar por ‘detenidos-desaparecidos’ como en sus orígenes, si no para expresarse en contra de la justicia y a una sentencia favorable a los genocidas.

Aquella marcha masiva e histórica (Imagen 1) fue definida por la organización Abuelas de Plaza de Mayo como:

una multitudinaria manifestación signada por el pulso popular, que será recordada como ‘la de los pañuelos blancos’. La foto de los manifestantes con el símbolo que nos identifica en alto recorrió el mundo. Y la histórica consigna del Nunca Más volvió a cobrar un sentido presente. (^{Abuelas de Plaza de Mayo, 2018})

Fuente: Getty Images

Imagen 1 Movilización del 10 de mayo de 2017 denominada “la marcha de los pañuelos blancos” Nota: en la foto el cierre de la movilización con toda la gente presente alzando su pañuelo 

La convocatoria se dio de manera espontánea a través de las redes sociales virtuales, a partir de las cuentas oficiales de los organismos más reconocidos en la lucha por los DDHH (Madres y Abuelas, Asamblea Permanente por los DDHH, CELS, Agrupación H.I.J.O.S., fueron algunas de las convocantes), se sumaron también sindicatos, partidos políticos referenciados en el Justicialismo y agrupaciones y dirigentes de izquierda, todos ellos difundiendo por redes sociales la convocatoria a la marcha del #NoAl2x1, aunque vale la pena aclarar aquí que los organismos no son un todo homogéneos, sino que hay una gran variedad de posicionamientos, desprendiéndose hacia dentro de los mismos diferentes vertientes que cumplen con diversos objetivos y estrategias en la lucha por los DDHH.

En ese sentido, la gran repercusión en las plataformas digitales del repudio al fallo de la Corte, y en consecuencia de la convocatoria a la movilización, hizo que la misma cobre protagonismo en la agenda de los medios de comunicación tradicionales, quienes participaron en parte de la difusión y posterior cobertura del evento, por lo cual la manifestación tuvo un significativo impacto en la agenda política e institucional. Aquí es donde rescatamos las acciones del pasado cristalizadas que se fundieron con las acciones del presente, para detener este proceso de avanzada de las fuerzas conservadoras en nuestro país.

De esta manera, retomando los momentos que Oslender define para trabajar la idea de los espacios de resistencia a través de los estudios de ^{Lefebvre (1991}), el autor afirma que “el uso creciente de las tecnologías de información y de las nuevas formas de modelar dinámicamente la vida social, (…) son otro indicador de la dominación creciente de representaciones del espacio” (^{Oslender, 2002}, p. 5). Por lo tanto, las redes digitales se han transformado, tal cual vemos en el caso analizado, en lo que para ^{Lefebvre (1991)} corresponde al segundo momento, las representaciones del espacio, lo percibido, esos instrumentos de representación del espacio, que producen cierta abstracción del mismo y nunca son el espacio en sí.

Asimismo, podemos observar cómo a partir de la mediación de las redes sociales virtuales como representación, y la convocatoria a una movilización por un reclamo que interpela a organismos y movimientos socioespaciales, el espacio se materializa en la apropiación masiva del territorio por parte de estos. Es decir, que las redes sociales se materializaron en el espacio, ya que la sociedad ocupó el mismo, en este caso la Plaza de Mayo, de manera masiva para visibilizar un reclamo puntual, a partir de la lógica de visualización y capacidad de coordinación que las plataformas digitales les facilitaron como ventaja (Imágenes 2 y 3).

Fuente: Twitter @juancabandie

Imagen 2 Convocatoria a la marcha del 10 de mayo de 2017 

Fuente: Twitter @UCRNacional

Imagen 3 Convocatoria a la marcha del 10 de mayo de 2017 

La estudiada práctica espacial, en principio convocada espontáneamente por las redes digitales, tuvo sus rápidas consecuencias por fuera del territorio y llegó a las esferas de poder, tanto del legislativo como del judicial. En el Congreso Nacional, a partir del consenso de legisladores representantes de todo el arco político, se aprobó una ley según la cual el beneficio del “2x1” no puede aplicarse a delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio o crímenes de guerra (Imagen 4). Además, un año después, en diciembre de 2018, la propia Corte Suprema falló en medida inversa respecto al tema, dando marcha atrás y revirtiendo su postura inicial que favorecía a los genocidas.

Fuente: Política Argentina, 2017

Imagen 4 Madres y Abuelas de Plaza de Mayo durante la sesión en la Cámara de Diputados que dio media sanción al proyecto contra el 2x1 a genocidas 

De esta manera resulta pertinente aquí resaltar cómo dicha apropiación del territorio por parte de los distintos movimientos fue impulsada a partir del denominado activismo digital, entendido como una “combinación entre la producción de conocimiento tecnológico y la acción política desarrollada de manera colectiva y mediada tecnológicamente” (^{Callén Moreu, 2011}, p. 304), entendiendo que el mismo contribuye a la generación de nuevos y estrechos vínculos entre la ciudadanía y las diferentes organizaciones sociales y “puede afirmarse que posee características funcionales al sistema político democrático” (Fábrega en ^{Millaleo y Velasco, 2013}, p. 129).

En ese sentido, las posibilidades de participación y protesta de las sociedades actuales se han amplificado a partir de los avances en las tecnologías de la comunicación, no obstante, esto no significa que las personas las emplearán con fines políticos y ciudadanos, es decir que:

la ciudadanía adopta en sus modos de protesta y manifestaciones una apropiación tecnológica de su entorno, convirtiendo elementos digitales en herramientas útiles para el empoderamiento político y cívico de la ciudadanía. Sin embargo, no siempre tener acceso a las tecnologías y saber emplearlas con fines políticos responde a una conciencia social y comprometida. (^{García-Estévez, 2018}, p. 153)

Asimismo, ^{Millaleo y Velasco (2013}) proponen una categorización de tipos de ciberactivismo de acuerdo a dos variables principales: interactividad (interacción en la red y capacidad de replicar mensajes) e identidad (capacidad del activismo de generar empatía con los distintos reclamos/discursos). A partir de estas, se desprende que el caso de estudio del presente trabajo puede categorizarse como activismo de empoderamiento, en primer lugar, por el gran nivel de interactividad que el reclamo por el #NoAl2x1 generó en las redes virtuales, y al mismo tiempo, los reclamos en materia de derechos humanos cuentan con un alto índice de identificación en la sociedad argentina en general, y este caso en particular, fue coherente con esa referencia histórica, logrando que dicha movilización en el territorio se produjera a partir de lo conocido como un activismo de alto compromiso.

En tanto, el activismo digital de los movimientos urbanos va más allá de su participación en el plano virtual, como puede observarse en el fenómeno analizado, ya que su forma de desplazarse de las redes sociales al territorio, puede ser interpretada como una forma de política autónoma (^{Sierra Caballero, 2019}), a partir de que un contenido social se proyecta y logra concretar cambios en las estructuras de poder, tal como sucedió con la sentencia de la Corte Suprema, revirtiendo los fallos de la polémica. De este modo, “las redes sociales no pueden sustituir a la lucha en las calles y al activismo real, pero pueden suponer una ayuda para comunicarse en un mundo muy individualizado” (^{Elías, 2018}, p. 52).

Consideraciones finales

El uso del territorio entendido como híbrido de materialidad y vida social, en constante revisión histórica nos llevó a analizar la problemática de mediación de las redes sociales virtuales entre las acciones pasadas y presentes, que se materializaron en la gran marcha en defensa de los derechos humanos, que rechazaron el “2x1” como beneficio a genocidas.

En ese sentido, tomando algunos aportes de la nueva geografía regional, a modo de complemento teórico, se puede afirmar que el territorio como construcción social, producto de las relaciones que se ejecutan hacia dentro de sí en un determinado recorte de tiempo, aporta a comprender cómo las acciones de protesta fueron parte de dicho proceso. En principio, el caso de estudio obtuvo su forma territorial, la movilización se realizó en Plaza de Mayo, lo cual, al mismo tiempo, puede ser incluido como parte de la forma simbólica de la jornada de reclamo, por el peso específico de dicho sitio en la historia argentina. Además, los pañuelos blancos en alza significaron el simbolismo más importante del caso analizado; por último, la forma institucional para la movilización del 2017, llegó cuando el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia dieron sus respuestas formales en el mismo sentido en que la organización del #NoAl2x1 había reclamado.

Con respecto al funcionamiento de las redes sociales y su relación con las agendas de debate público, puede afirmarse que las mismas son capaces de establecer temas sobre los cuales se debate tanto en el campo de la política, como en el mediático y naturalmente en la sociedad en general, por lo que resultan fundamentales para movilizar a todo tipo de actores sociales para la organización y coordinación de reclamos diversos. Aquí, pudo verse un ejemplo de lo que se denomina activismo digital de alto compromiso, dado a los grandes índices de interactividad e identidad que marcaron la convocatoria, dejando en evidencia que las redes sociales, mediante el ciberactivismo, fueron de gran ayuda para el activismo real manifestando en el territorio lo que había comenzado en la red.

Entonces, por medio de la convocatoria virtual ante la demanda espontánea de una situación que puso a la sociedad en alerta, sobre uno de los temas más sensibles que interpela a las y los argentinos, se pone de manifiesto la fuerza de los lugares cuando las horizontalidades, que se generaron por la comunicación en el cotidiano, logran imponerse al poder de turno y los reclamos sociales fueron escuchados.

En ese sentido, lo sucedido a nivel espacio geográfico, en el que la organización simultánea e instantánea en base a los tiempos rápidos de las redes digitales se vio reflejada en el territorio, también fue replicado en el espacio virtual: según un estudio la red de debate #NoAl2x1 no sufrió la polarización ni la discusión intensa que suele ocurrir con la mayoría de los temas de debate público y político en Argentina (^{Aruguete, 2018}).

En definitiva, debido al anclaje y sedimentación de los discursos de los organismos de derechos humanos a lo largo de la historia, que cuentan con un gran nivel de credibilidad en la sociedad argentina, es que los mismos pueden aparecer y convocarse con gran facilidad ante la necesidad de un evento urgente o clave. De esta manera, cuentan con la capacidad de articular organizaciones, movimientos socioespaciales y socioterritoriales, para poder apropiarse del territorio en búsqueda de reivindicaciones específicas que logren articular el desplazamiento hacia el espacio de los más variados tipos de organizaciones.