Introducción

La creciente heterogeneidad del mundo del trabajo no es una novedad del siglo XXI. El proceso de fragmentación popular (Villarreal, ¹⁹⁸⁵) lleva medio siglo en Argentina, aunque en las últimas décadas la exclusión de trabajadores y trabajadoras del mercado de trabajo adquirió dimensiones dramáticas. Así, desde fines del siglo pasado se crea, expande y transforma una nutrida diversidad de organizaciones sociales e intervenciones públicas que promueven el trabajo asociativo autogestionado como una estrategia socioeconómica para resolver los problemas laborales de la población.

En una primera etapa, que podríamos situar entre mediados de los años noventa y el primer lustro del siglo XXI, el movimiento piquetero ganó protagonismo e identidad, tanto por sus métodos de lucha como por la identificación con la población desocupada y pobre como el sector social al que representaban (Freytes Frey y Cross, ²⁰⁰⁷). Si bien existía gran heterogeneidad entre las diversas organizaciones piqueteras, cada una a su modo debió articular las necesidades de planes sociales, subsidios y recursos para las personas trabajadoras, el barrio y la organización (“lo urgente”), con las demandas por trabajo formuladas en el marco de proyectos políticos autónomos que se posicionaban críticamente frente al Estado y al modelo económico. En este contexto, muchas de ellas gestaron valiosas y perdurables experiencias de trabajo asociativo promovidas por programas sociales.

Durante la primera década del siglo XXI el ritmo de creación de cooperativas, y específicamente las de trabajo, aumentó notablemente^[1]. Ya no se trató de iniciativas creadas para “complementar” las prestaciones y protecciones salariales tal como lo venían haciendo las mutuales y otros tipos de cooperativas (de provisión de servicios, de ahorro y crédito, de consumo, entre otras). Por el contrario, fueron el resultado de la masiva expulsión del mercado de trabajo producida por las políticas implementadas en la década de los años noventa. Así, tanto las organizaciones territoriales y de personas desocupadas como algunos incipientes programas sociales promovieron la conformación de cooperativas como un instrumento eficaz para la creación de empleo y el estímulo a la participación colectiva. A ellas se sumaron nuevas formas de trabajo autogestionado que proliferaron luego de la crisis de 2001 y 2002 a partir de la conformación de emprendimientos individuales, familiares o asociativos, ferias y mercados; de la recuperación de empresas en quiebra por parte de sus trabajadores y trabajadoras, entre otras iniciativas que comenzaron a identificarse como de economía social y solidaria (ESyS).

Como consecuencia, se gestaron diversos movimientos y organizaciones de segundo o tercer grado que representaron los intereses de estos colectivos laborales, agrupados según las afinidades políticas, los intereses compartidos y los tipos de experiencias representadas. Así, se crearon movimientos de fábricas y de empresas recuperadas, redes de comercio justo, federaciones y confederaciones de cooperativas, entre otras. En el mismo período comenzó a ganar protagonismo la expresión economía popular (EP), tanto en el ámbito público como también como forma de identificación de ciertos colectivos laborales “informales, precarios, externalizados y de subsistencia”.

Estos hechos conforman los rasgos principales de una nueva etapa, iniciada a partir del segundo lustro del siglo XXI. En ella, proliferaron diversos proyectos políticos que, más allá de sus diferencias y reconfiguraciones posteriores, compartían dos aspectos fundamentales. Por un lado, reconocían a los/as desocupados/as y trabajadores/as asociativos/as autogestionados/as como sujetos de derecho con potencia autónoma de un patrón, a quienes el Estado debía garantizar los mismos derechos reconocidos a quienes trabajaban en empleos asalariados. Por el otro, crearon diversas organizaciones de representación de estos colectivos, inicialmente identificadas como movimientos aunque luego se formalizaron bajo dos formas jurídicas principales, emparentadas también con las identidades laborales en juego: las federaciones y confederaciones de cooperativas de trabajo y de trabajadores/as autogestionados/as, y las organizaciones sindicales que, sin tener personería gremial, luchaban por conseguirla.

En particular, inscribimos el inicio de este segundo momento a partir de 2006 y 2007, cuando estas instancias organizativas y reivindicativas de segundo o tercer grado se multiplicaron, muchas de ellas se constituyeron en términos jurídicos, y formalizaron sus proyectos y propuestas a partir de la formulación de anteproyectos de ley. En el año 2009 las cooperativas de trabajo identificadas con la ESyS conformaron la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) como una organización gremial de tercer grado que agrupaba a más de cuarenta federaciones y ochenta mil trabajadores/as de todo el país, y formaba parte de la Asociación Cooperativa Internacional (ACI). Algunos años más tarde, los colectivos laborales identificados con la EP fueron protagonistas de dos hitos que inscribieron esta expresión en términos institucionales. Nos referimos a la conformación de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en el año 2011 y su transformación en Unión (UTEP) en el año 2019.

Si bien reconocemos que entre las organizaciones de trabajo asociativo autogestionado y las de EP existen diferencias sustantivas -por ejemplo en la definición de los colectivos que representan y en sus estrategias de lucha-, en este artículo asumimos una perspectiva política y epistemológica que se apoya en los atributos compartidos como un acto epistemológico en la búsqueda de la potencia emancipatoria de estos movimientos. En la línea de trabajos anteriores (Pérez de Mendiguren y Etxezarreta, ²⁰¹⁵; Beckmann, Castagno, Chaqui, y Rodríguez Musso, ²⁰²⁰; Deux Marzi y Hintze, ²⁰²²; entre otros) sostenemos que incorporar bajo una denominación común a todas estas economías no obtura el reconocimiento de la diversidad que acabamos de señalar; por el contrario nos permite poner el foco -a partir de algunas características comunes- en las necesidades y problemas compartidos, y en la importancia de desarrollar estrategias y políticas también comunes para luchar por su resolución.

Retomamos la propuesta de trabajos como el de Beckmann, Castagno, Chaqui, y Rodríguez Musso (²⁰²⁰) quienes sostiene que frente a la “inflación conceptual” expresada en la multiplicación de expresiones como Economía social, solidaria, popular, popular y solidaria, producto de los matices que destaca cada enfoque, es necesario identificar aquellas ideas que sintetizan y articulan las luchas y proyectos alternativos. Asimismo advierten que la fragmentación analítica de estos proyectos corre el riesgo de reducir su potencial político emancipatorio.

En este sentido, dedicamos este trabajo a reconstruir las agendas de dos organizaciones representativas de la ESyS y de la EP, como son la CNCT y la CTEP, y nos preguntamos por los temas o cuestiones en las que convergieron ambas agendas (si es que lo hicieron), desde su fundación en 2009 y 2011 respectivamente y por su capacidad para articular demandas urgentes con la construcción de un proyecto popular que guíe y organice su repertorio de lucha y a la vez permee las propias políticas e intervenciones estatales.

Analizar dichas agendas nos lleva a poner la atención en el modo en que determinados temas (necesidades, demandas) se definieron y devinieron cuestiones socialmente problematizadas y cómo se convirtieron (o no) en temas de la agenda pública y de la agenda de gobierno (Oszlak y O’Donnell, ¹⁹⁸¹). Desde la perspectiva que sostenemos en este artículo, los problemas sociales no existen como hechos objetivos puros, sino que son producto de una construcción y de una definición por parte de actores interesados en motorizar ciertas demandas por medio de recursos (ideas, poder y tiempo). En este sentido, reconocemos que existe un proceso mediante el cual las necesidades particulares se construyen como problemas colectivos antes de presentarse como una agenda unificada.

En tanto instrumento público de disputa y negociación con el Estado, las agendas de estas organizaciones constituyen herramientas fundamentales para la institucionalización de la ESyS y la EP en tanto buscan “traducir” las necesidades de los sectores que representan en leyes y programas que reconozcan derechos y garanticen protecciones. En este sentido, prestamos especial atención la dimensión político-cultural de las agendas, esto es a las palabras y los conceptos a los que recurren estas organizaciones para referirse a sus problemas y sus demandas, asumiendo que la forma en la que son definidos y nombrados, “enmarcan y moldean la realidad a la que se desea aplicar una política o ‘solución’” (Parsons, ²⁰⁰⁷: 120). Esta dimensión político-cultural alude a la construcción de los sujetos representados por parte de las organizaciones, a los fundamentos de su intervención y a los procesos sociales de significación (Danani y Hintze, ²⁰²²).^[2]

Al mismo tiempo, nos preguntamos por la politicidad popular que portan tales agendas, esto es los horizontes políticos que proyectan y los caminos que encuentran para ganar mayor visibilidad, institucionalidad y sostenibilidad. Nos basamos en un trabajo de Merklen (²⁰⁰⁵) en el que define a la politicidadpopular como la “condición política de las personas englobando al conjunto de sus prácticas, su socialización y su cultura política” (²⁰⁰⁵: 34). Tomamos este concepto porque entendemos que permite observar el conjunto de tensiones resultantes de las prácticas de determinados grupos sociales –en nuestro caso, las diversas formas de organización y representación de la EP y la ESyS– en la búsqueda de asegurar su supervivencia y proyectar un porvenir. Asimismo, brinda elementos para reconstruir los proyectos políticos populares a partir de reconocer las tensiones que los atraviesan entre “lo urgente” y la creación de un horizonte común (Merklen, ²⁰⁰⁵) .

Las fuentes de información en las que se sustenta este trabajo son predominantemente secundarias, entre las que identificamos tres procedencias diferentes: las producidas por las propias organizaciones (comunicados, mensajes a través de redes sociales y documentos publicados en sitios web oficiales); las difundidas a través de medios de comunicación, en particular artículos periodísticos; y los textos académicos acerca de estos procesos publicados por otros/as autores/as. El trabajo de relevamiento se realizó entre enero de 2021 y junio de 2022 pero incluyó como período de investigación desde 2009 a la fecha de finalización del relevamiento^[3]. Incluimos dentro de este intervalo temporal una referencia especial al contexto abierto a partir de la pandemia del covid-19. Como ya es sabido, se trató de un fenómeno que trastocó la vida de las personas de manera vertiginosa y generalizada; sin embargo, las implicancias del virus y de las consiguientes medidas de aislamiento y distanciamiento implementadas por el gobierno nacional tuvieron diferentes impactos y consecuencias en los distintos grupos sociales y colectivos laborales. En este sentido, entendemos que la pandemia representó un cambio abrupto en la temporalidad del fenómeno que estamos analizando y por ello nos proponemos reconocer cómo se expresó en las agendas de la CNCT y la CTEP/UTEP, y si tal escenario de crisis empujó mayores convergencias entre ambas organizaciones.

En el primer apartado reconstruimos los contenidos principales de las demandas y reivindicaciones de la CNCT desde sus orígenes en 2009 hasta diciembre de 2019. En el segundo, hacemos lo mismo para la CTEP/UTEP en el período 2011-2019. En tercer lugar, dedicamos un apartado separado a las agendas abiertas por la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del covid-19. Para ello, reconstruimos sintéticamente las principales problemáticas que surgieron a raíz de la pandemia, y luego rastreamos las demandas y las discusiones que tanto la CNCT como la UTEP motorizaron públicamente ante esta situación. En el último apartado, nos abocamos a la pregunta acerca de las convergencias y divergencias entre ambas agendas y rastreamos aquellas cuestiones que motivarían encuentros y confluencias entre las organizaciones de ESyS y las de EP entre sus respectivos años de creación y diciembre de 2021.

Las demandas y reivindicaciones de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)

Para las cooperativas de trabajo identificadas con la ESyS uno de los hitos que inició el proceso de organización colectiva fue el primer Encuentro Nacional de Cooperativas de Trabajo llamado “La Autogestión debate su futuro”, realizado en Chapadmalal en septiembre de 2006. Allí tuvieron contacto por primera vez federaciones de reciente conformación –muchas de ellas, ligadas a cooperativas de trabajo dedicadas a la construcción social de hábitat impulsadas por diversos programas sociales–, la preexistente Federación de Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA, constituida en 1988), la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTA, 2005)^[4], federaciones de empresas recuperadas (luego nucleadas en Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados – FACTA- en 2006), entre otras. Este proceso de confluencia entre las cooperativas y sus federaciones devino en la creación de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) en 2009, como una organización gremial de tercer grado que agrupaba a más de cuarenta federaciones de cooperativas de trabajo y ochenta mil trabajadores/as de todo el país, y que además formaba parte de la Asociación Cooperativa Internacional (ACI).

Según sus declaraciones, focalizaron sus principales esfuerzos en lograr que tanto las federaciones nacidas de la recuperación de fábricas o empresas como aquellas originadas en el año 2003 a partir de planes de inserción social, tengan continuidad laboral y puedan ser autosustentables^[5]. En este sentido, la creación de la CNCT dio un fuerte impulso a la organización del trabajo cooperativo y a su articulación con los diferentes niveles del Estado (Barbarena, ²⁰¹⁹). Al mismo tiempo, supuso un despliegue territorial inédito, llegando a tener presencia en 15 provincias distribuidas en todas las regiones del país.

Si bien propuso la organización gremial de la ESyS, lo hizo a través de la creación de una nueva herramienta – una confederación– y alcanzando una escala mayor – nacional– que superó y a la vez contuvo a las iniciativas preexistentes con menor alcance territorial u organizadas en torno a su identidad sectorial (Barberena, 2019). Así, en su organización interna nucleó diversas federaciones de cooperativas organizadas y diferenciadas por sector de actividad (construcción, textil, metalúrgica, producción de alimentos, gráfica, tecnología e innovación, actividades portuarias, entre otros) y cada una de ellas asumió la representación ante organismos públicos y la coordinación de las diferentes cooperativas en cuestiones vinculadas con la logística, el trabajo y la compra de insumos (Barbarena, ²⁰¹⁹).

La multiplicación de cooperativas de trabajo (entre 2001 y 2014 más que triplicaron su número) y el fortalecimiento de CNCT como instancia de representación trajo consigo un amplio repertorio de demandas específicas hacia el Estado. En base a la reconstrucción hecha por Barbarena (²⁰¹⁹), las mismas pueden ser ordenadas en cuatro ejes principales: 1) Contratación pública de trabajo cooperativo, 2) Financiamiento, 3) Provisión de infraestructura, maquinaria e insumos, y 4) Capacitación y asistencia técnica.

El Estado respondió parcialmente a estas demandas a partir de la implementación de programas sociales que buscaron, por un lado, potenciar las experiencias asociativas que venían proliferando como estrategias de los sectores populares ante la expulsión de miles de personas de los mercados de trabajo formal; y por el otro, convocar a diferentes organizaciones sociales, entre ellas la CNCT, a participar en su ejecución. Entre los programas más significativos del período, se destaca por su relevancia sociopolítica el Plan Argentina Trabaja (y en particular el componente Ingreso Social con Trabajo, PRIST), creado en 2009 como una propuesta para generar trabajo genuino a través de la creación de cooperativas de trabajo, orientadas a mejorar la infraestructura barrial y la calidad de vida de sectores sociales vulnerables (Res. MDS N° 3182/09). Otras políticas destacadas por su intención de promover la organización en cooperativas de trabajo fueron el Programa Federal de Emergencia Habitacional, el Plan Agua Más Trabajo, Plan Cloacas más trabajo. Al respecto, las demandas de la CNCT se orientaron a la contratación de cooperativas para la ejecución de las obras derivadas de dichos programas y a la gestión del PRIST en diferentes territorios.

En el ámbito legislativo las demandas generales de la CNCT estuvieron orientadas principalmente a equiparar las protecciones sociales del trabajo cooperativo con respecto a las existentes para los trabajadores formales en relación de dependencia. Estas reivindicaciones suponían, en términos político-culturales, la percepción del trabajo autogestionado como un sector que -sí bien posee especificidades- debía ser posicionado, a través del reconocimiento y la protección estatal, en pie de igualdad respecto al trabajo asalariado. Estas demandas se articulaban en tres ejes principales: ingresos, obra social y aportes previsionales. Para ello, promovió la modificación del régimen cooperativo a fin de que reconociera la especificidad de las cooperativas de trabajo. El anteproyecto de ley fue presentado en el Congreso de la Nación en el año 2012 y sus puntos principales fueron la fiscalización estatal, la fijación de un mínimo de retribución al trabajo, el régimen previsional optativo por el trabajador, la obligatoriedad de los reglamentos internos, entre otros.^[6]

En este punto vale recordar que entre 2009 y 2015 se gestaron diversos anteproyectos de ley para modificar el régimen cooperativo y mutual y lograr una ley específica, además de la impulsada por la CNCT^[7]. Si bien ninguno de los anteproyectos logró su aprobación parlamentaria, el proceso dejó como resultado una activa participación de trabajadores y trabajadoras, quienes compartieron sus experiencias, problemáticas y propuestas de solución, en la búsqueda de un marco legal propio y específico para las cooperativas de trabajo (Sosa, ²⁰¹⁵). Dicho en otros términos, aunque las propuestas no tuvieron legitimidad en el ámbito legislativo, lograron fortalecer la articulación entre diferentes organizaciones vinculadas al trabajo asociativo autogestionado y con organismos del Estado como el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

El cambio de signo político en el gobierno nacional en diciembre de 2015 implicó un quiebre sustancial en la relación entre el Estado y las organizaciones de la ESyS. Por una parte, se interrumpieron programas que incentivaban la contratación de cooperativas, como los mencionados en párrafos anteriores, y el PRIST dejó de promover la asociatividad como un objetivo central de la política (Resolución 592 MDS, 2016). Por otra parte, las medidas económicas generales y particularmente la apertura de importaciones y la liberación de las tarifas de los servicios, comprometieron la actividad económica de las unidades productivas existentes y desestimularon el surgimiento de nuevas cooperativas. Como consecuencia, a partir del año 2016 se observó una fuerte baja en el número de cooperativas matriculadas^[8] anualmente, particularmente las de trabajo; y muchas de las ya existentes dejaron de llevar al día sus papeles.

En este escenario, la CNCT redefinió los repertorios de acción, las demandas y sus marcos de articulación. En particular, durante 2016 las principales acciones de la confederación giraron en torno al reclamo por la continuidad de programas públicos suspendidos. Este desplazamiento desde el reconocimiento de nuevos derechos a la defensa de los beneficios previamente conquistados revistió su estrategia en claves “defensivas” desplegada en articulación con otras organizaciones gremiales y sindicales como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La “Marcha Federal” realizada entre agosto y septiembre de ese año^[9] fue una de las expresiones más significativas de dichas articulaciones.

En el año 2017 el aumento del costo de los insumos producidos por la devaluación, la contracción de la demanda de trabajo de las cooperativas y el aumento de tarifas consolidaron el posicionamiento defensivo de la CNCT que bregaba casi exclusivamente por la subsistencia de sus cooperativas y trabajadores/as. La lucha contra los “tarifazos” fue uno de los ejes principales de su agenda de ese año, demandando la eximición de deudas de agua, gas y electricidad para cooperativas con dificultades financieras. A esto se sumó la movilización en contra de la derogación de la expropiación del Hotel Bauen y el rechazo a la Reforma Previsional impulsada por el gobierno nacional hacia finales de ese año.

Por otra parte, en el contexto eleccionario del año 2017, la CNCT formó parte del lanzamiento del “Frente Sindical para La Victoria” junto a las dos principales centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la CTA, y agrupaciones gremiales como el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), entre otros. Este frente representaba a un conjunto de sindicatos que se manifestaban en apoyo al espacio Unidad Ciudadana (UC) y la candidatura de Cristina Fernández en la Provincia de Buenos Aires (siendo UC el principal espacio opositor al gobierno nacional). En palabras de sus dirigentes, la participación de la CNCT en dicho entramado tenía el objetivo de “ponerle un freno” a la política nacional de despidos y tarifazos.^[10]

Durante el año 2018, persistieron en el reclamo de condonación de deudas por el consumo de servicios masivos cuyas tarifas habían aumentado vertiginosamente, a lo que sumaban la demanda de incorporación de trabajo cooperativo a la obra pública como modo de contratación y compra pública hacia el sector. Para visibilizar estos reclamos organizaron “feriazos populares” que consistían en el montaje de ferias en espacios públicos para visibilizar productos propios particularmente de los sectores textil, gráfico y construcción.^[11] Asimismo, bajo la consigna “Por una Navidad con Trabajo y Producción” la CNCT organizó diversas acciones junto al Frente Barrial de la CTA, la Corriente Agraria Nacional y Popular (Canpo), el Frente Productivo Nacional y la Asociación Pyme.

Hacia el final del gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri (alianza Cambiemos) resultaba evidente que las cooperativas de trabajo estaban fuertemente afectadas en su actividad productiva. Ello derivó en que muchas cooperativas dejaran de llevar al día sus papeles, e incluso perdieran por ello sus matrículas, mientras otras no llegaron a conformarse por los desincentivos y las restricciones desde el Estado.^[12] El presidente del INAES, que asumió en diciembre 2019, Mario Cafiero, denominó lo ocurrido en el gobierno de la alianza Cambiemos como un “cooperativicidio” enmarcado en una economía que se organizaba fuertemente en torno a la competencia mercantil.^[13]

Por ello, desde los inicios de 2019, y de cara a las elecciones presidenciales de aquel año, la CNCT fortaleció su articulación con diversas organizaciones como la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), la CTEP, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), empresas recuperadas, Movimiento La Dignidad y Frente Darío Santillán. Algunas de ellas^[14] fueron las firmantes del “Mensaje de las cooperativas y mutuales argentinas a los candidatos en las próximas elecciones nacionales”, en el que proponían que “los trabajadores asociados en cooperativas cuenten con los mismos derechos y protección social que los trabajadores asalariados” y “que el trabajo asociado sea reconocido como una relación que favorece la defensa de los derechos del trabajador”.^[15]

Este fue el escenario en el que convergieron por primera vez las agendas y acciones de lucha de las dos organizaciones que analizamos en este artículo. Bajo el lema “las cooperativas no queremos planes y alimentos, queremos trabajo y producción”^[16] convocaron el Primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular desarrollado en julio de 2019 en el Microestadio de Ferro. El Foro fue impulsado por la CNCT y la CTEP Capital, junto a las federaciones FACTA, FEDECABA, ACTRA y GESTARA, entre otras organizaciones sindicales^[17].

Con el objetivo de unificar las demandas del mundo asociativo para el nuevo gobierno electo elaboraron un documento en el que sintetizaron sus “Aportes para un programa de la Economía cooperativa, autogestionada y popular”.^[18] El programa redactado proponía repensar el rol del Estado en la promoción del trabajo asociativo y cooperativo, así como la legitimidad de estos colectivos en las políticas públicas. El documento partía de señalar la necesidad de reemplazar el enfoque asistencialista de las políticas públicas para el sector por un abordaje que promoviera su desarrollo productivo. Los principales puntos del programa propuesto fueron: el reconocimiento de los/as cooperativistas como trabajadore/as con derechos laborales y seguridad social, la sanción de una ley de cooperativas que elimine las restricciones vigentes, y de una legislación que facilite la constitución de empresas recuperadas, la compra de productos y contratación de la economía popular para la ejecución de obra pública. En síntesis, el foco principal de sus demandas estuvo puesto en el pasaje de la asistencia estatal a la promoción productiva, y la consecuente legitimación y protección del trabajo asociado y de la EP. Como veremos, esta sigue siendo la cuestión principal que articula ambas agendas.

Una vez consumada la victoria electoral del Frente de Todos, la CNCT junto a otras organizaciones representantes de cooperativas presentaron al presidente electo un manifiesto con sus principales reivindicaciones y demandas. Bajo el título “De la urgencia frente al hambre, a la construcción solidaria de economía sostenible”^[19] plantearon que las cooperativas debían ocupar un lugar central en el proceso de reconstrucción que se abría con el nuevo gobierno. Así, señalaron que estas podían constituirse en actores fundamentales en la reconstrucción de la producción y la ESyS, a su vez que insistieron en la necesidad de un cambio de paradigma por parte del Estado y sus organismos como el Ministerio de Desarrollo Social y el INAES, en clave de potenciar las experiencias autogestivas.

Las demandas y reivindicaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En la introducción nos referimos al proceso que antecede la construcción de agendas como aquel que implica la identificación y traducción de problemas individuales en cuestiones colectivas. En el caso de la EP, ese proceso se dio simultáneamente con la construcción de una herramienta organizativa de carácter gremial, originalmente denominada como CTEP. En este sentido, los grandes trazos de la agenda de la CTEP/UTEP se pueden rastrear desde su fundación en el año 2011 y están enfocados en el reconocimiento de las actividades como trabajo, de sus integrantes como trabajadores/as de la EP, y en la necesidad de equiparar sus derechos laborales a los del conjunto del movimiento obrero.

En lo que refiere a los conceptos a los que evocan, desde la perspectiva de la CTEP/UTEP, la EP lejos de definirse como “otra economía” alternativa a la propiamente capitalista, es una de las expresiones de la economía global de mercado y particularmente de la dinámica de acumulación del capital. Por lo tanto, a la vez que se separan de los diversos enfoques de ESyS, proponen algunas innovaciones significativas en lo que refiere a la dimensión político-cultural de sus agendas. Por un lado, encuentran en la EP una categoría social que unifica a una población heterogénea y logra procesar colectivamente en términos de clase una amplia diversidad de trayectorias, experiencias, actividades y formas organizativas (Fernández Álvarez, ²⁰¹⁸). Por otra parte, identifican dos atributos principales de estos colectivos laborales sobre los cuales construyen sus demandas y reivindicaciones: su condición de trabajadores/as y la ausencia de derechos en tanto tales. En este sentido, la CTEP/UTEP amplifica una demanda por derechos que busca equiparar a los/as trabajadores/as de este sector con el resto de la clase trabajadora formal.

En los primeros años posteriores a su creación en 2011, la agenda de la CTEP estaba centrada en el objetivo de fortalecer las ramas de la EP para ordenar la heterogeneidad de actividades productivas y reproductivas, y para dotar de organicidad al sector. En los documentos y comunicados^[20] de aquellos años se empezaban a articular demandas de diferente índole, incluyendo asuntos puntuales como la necesidad de uniformes de trabajo para los/as cartoneros/as, el rechazo a las normas y a la represión que impedían el trabajo de vendedores/as en la vía pública, reclamos y propuestas de modificación del Programa “Argentina Trabaja”, hasta planteos más generales como proyectos para la prohibición del trabajo infantil, propuestas de formación de polos textiles cooperativos, creación de un sistema mixto estatal-cooperativo de separación y reciclado de residuos sólidos urbanos, la aplicación nacional de la ley de quiebras para fábricas recuperadas, entre otras.

Este conjunto de consignas expresaban la heterogeneidad de la EP, tanto por la variedad de actividades y oficios que reúne como por los diferentes grados de organización de sus unidades productivas, y la pluralidad de relaciones laborales que aloja. En esta línea, se puede conjeturar que uno de los desafíos iniciales residió en la identificación de semejanzas y necesidades comunes. Para ordenar esa diversidad de actividades productivas apostaron a la construcción de organizaciones de segundo grado, en particular de federaciones. Si bien la estrategia fue fértil para escalar la política de las ramas de actividad de la esfera local hacia el nivel nacional, no ofreció suficiente unidad estratégica para negociar con el Estado. Una de las principales limitaciones de la organización por federaciones que quedó rápidamente a la vista fue su incapacidad para extender y consolidar conquistas para todos los sectores.

Como consecuencia, adoptaron otra estrategia que luego se convertiría en una de las marcas propias de la CTEP/UTEP al tiempo que representaría una innovación significativa en el ámbito de la organización de los/as trabajadores/as sin patrón. A fin de unificar las diferentes demandas en una “paritaria social” que convocara a los referentes sociales y a los funcionarios estatales en una mesa de trabajo conjunta, las organizaciones nucleadas en la CTEP se propusieron constituir un sindicato único para el sector. Mientras que la CNCT construyó una organización de tercer grado en base a federaciones preexistentes y en el marco de la tradición y la ley general de cooperativas, la CTEP conformó una organización centralizada que brindó un marco de contención para la gestación de nuevas federaciones, al mismo tiempo que apostó a la construcción de un andamiaje legal novedoso para su institucionalización. Así, en términos político-culturales la EP buscó inscribirse dentro de la institucionalidad creada para el mundo salarial, y en particular de la estructura sindical clásica, pero al mismo tiempo la desbordó actualizando la composición de la clase trabajadora y abriendo interrogantes y desafíos a futuro (Fernández Álvarez, Rebón, ²⁰²²).

En el año 2013, la CTEP se movilizó bajo la consigna “¡Somos lo que falta!”, planteando la necesidad no solo de fortalecer las ramas de actividad sino además de construir políticamente lo que entendían como una “nueva economía” a la que denominaban “economía popular”. Esa consigna fue planteada como una advertencia al modelo de desarrollo con inclusión social del kirchnerismo, puesto que cuestionaba la capacidad del régimen de acumulación vigente para incorporar a todos los sectores sociales a los beneficios del crecimiento económico.

Hacia el año 2014, la CTEP reforzó su reclamo por la personería gremial y por la apertura de una paritaria social^[21]. Durante este año se publicaron los Cuadernos de Formación con la autoría de Juan Grabois y Emilio Pérsico. En ellos se sistematizaron los saberes de la EP, se propuso un diagnóstico acerca del presente y el futuro del trabajo y se unificó un discurso propio para la organización. Otro hecho importante de ese año fue la celebración del I Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Roma, a partir del cual, la CTEP incorporó la agenda de las “tres T” promovida por el Papa Francisco: Tierra, Techo y Trabajo^[22].

En esta etapa, el diagnóstico de la economía popular no era compartido por los principales actores del gobierno que sostenían la idea de que el modelo de desarrollo a la larga lograría absorber la informalidad en el mercado formal de trabajo. Del mismo modo, la conducción de la CGT se centraba en las disputas distributivas de la clase trabajadora asalariada y en la necesidad de regularizar el trabajo precario, a diferencia de la CTEP que hacía una interpretación más estructural sobre la situación de la clase trabajadora en el capitalismo de exclusión (Natalucci y Morris, ²⁰¹⁹). Entre el 2011 y 2015 los actores nucleados en la CTEP lograron organizar una base social y construir un discurso sobre la EP, aunque no lograron institucionalizar sus propuestas a través de una organización sindical.

En diciembre del año 2015 la alianza Cambiemos asumió la conducción del gobierno nacional impulsando una serie de reformas fiscales, tributarias y financieras que generaron una rápida oposición por parte de organizaciones del mundo laboral y sindical. Pero paradójicamente, en estos años la CTEP obtuvo una serie de conquistas importantes. En febrero de 2016, mediante la Resolución 32/16, el ministro de Trabajo Jorge Triaca modificó una normativa anterior^[23] y creó el Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas en el ámbito de la Secretaría de Empleo, formalizando así un nuevo régimen de agremiación para la representación de un sector de trabajadores/as que hasta ese momento no estaban reconocidos/as como tales (Arese, ²⁰¹⁷). La normativa establecía en el artículo 4 que la inscripción en dicho registro implicaría el reconocimiento de la personería social (Resolución 21/16 de la Secretaría de Empleo/MTEySS). En palabras de Grabois “la creación del Registro implica el reconocimiento de dos especies del género ‘asociaciones sindicales’: uno, preexistente para los trabajadores dependientes de los sectores público y privado, y otro, nuevo, para los trabajadores independientes de la economía popular” (Grabois, ²⁰¹⁶: 19).

Como parte de una estrategia de oposición y confrontación con las medidas de ajuste, a partir del año 2016, la CTEP inició un camino de articulación más amplio con los sindicatos tradicionales y con movimientos sociales de peso, como la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Barrios de Pie, dando origen al Triunvirato de San Cayetano. Sus acciones se orientaron fuertemente a la declaración de la emergencia alimentaria^[24]. La consigna de las movilizaciones convocadas por este Triunvirato eran “paz, pan, tierra, techo y trabajo”, rememorando viejas consignas del “ubaldismo” fusionadas con el nuevo lema de las tres T.

Con ese propósito, en 2016 la EP alcanzó gran visibilidad pública a través de numerosas movilizaciones sociales^[25] que derivaron en procesos de negociación con el gobierno. En esta clave puede leerse la lucha por la Ley de “Emergencia social, alimentaria y de las organizaciones de economía popular” (LES) impulsada públicamente desde agosto de 2016 y aprobada en diciembre de ese año (Ley 27.345/16). La LES podría interpretarse como el fruto de la creciente incidencia de estos movimientos que lograban permear las políticas “desde arriba”, al mismo tiempo que ordenaban y encausaban las demandas y tensiones en las calles y los barrios (Natalucci y Mate, ²⁰²⁰). También puede ser leída como la consolidación de la incidencia de la CTEP en la agenda legislativa (Bruno, Coelho y Palumbo, ²⁰¹⁷; Maneiro y Nuñez, ²⁰²¹) y su legitimación como trabajadores/as de la EP (Maldován Bonelli et al., ²⁰¹⁷).

Entre sus contenidos principales destacamos la transición de los programas sociales a un Salario Social Complementario (actualmente integrado en el programa Potenciar Trabajo), la creación de un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario ^[26] y la creación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP, que se concretaría recién en el año 2020). Luego de aprobada la ley, las demandas se ciñeron a la implementación de la misma, lo cual se logró de manera lenta y parcial. Mirados retrospectivamente, los hechos protagonizados en 2016 convirtieron a este año en un momento crucial en la temporalidad de crecimiento y consolidación de este actor social.

En relación a los fundamentos de la implementación de un Salario Social, si bien han constituido en los hechos una política de transferencia condicionada de ingresos, evocan necesidades tradicionalmente asociadas al salario y a la seguridad social. Por ello, es posible entender que los contenidos político-culturales de esta medida refieren a un proceso de reconocimiento de derechos y necesidades hasta el momento inéditos para estos colectivos laborales. En este punto, queremos subrayar que esta medida, de gran relevancia para el movimiento de la economía popular halló un camino normativo en el marco de un ciclo de gobierno que estuvo orientado por intereses y motivaciones contrapuestas. Las negociaciones con el gobierno de la alianza Cambiemos y en especial con la cartera de Desarrollo Social para la sanción de la LES fueron producto de una particular relación que se estableció entre la CTEP y el gobierno central, caracterizada por una dinámica de “golpear y negociar” propia de la tradición sindical, pero a su vez, de “exigir y proponer” (Rach, ²⁰²¹). Es decir, la CTEP buscó instalar en el ámbito público su propia agenda, por un lado, mediante movilizaciones en las calles seguidas de negociaciones con los respectivos funcionarios, y por el otro con diversas propuestas como proyectos de ley y políticas públicas que en ambos casos incrementaron su incidencia en el Congreso de la Nación y en algunos ministerios.

Durante el año 2018, la agenda de la CTEP mostró una fuerte apuesta por la acción legislativa del Triunvirato. La CTEP impulsó el proyecto de ley de Emergencia en Adicciones para abordar situaciones de consumo problemático de manera integral, la cual naufragó en comisiones legislativas sin mayor éxito. Sin embargo, otras iniciativas lograron avanzar y ser aprobadas por el Congreso de la Nación, como la declaración de Emergencia Alimentaria (Ley 27.724) y la ley de Urbanización de Barrios Populares (Ley 27.453)^[27]. La demanda por la urbanización y la infraestructura social de los barrios contaba con algunas acciones previas como el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBAP), que se venía implementando desde el año 2016 mediante un trabajo territorial de las organizaciones.

En estos años, la acción legislativa se combinó con la tradicional acción callejera, no sólo mediante movilizaciones sino también con demostraciones del potencial de la EP. Los “verdurazos”^[28], por ejemplo, se convirtieron en una forma de visibilizar el reclamo de políticas para el sector de la agricultura familiar y campesina, desde el acceso a tierras para producir hasta la planificación de cinturones verdes, las compras estatales para el aprovisionamiento de comedores, infraestructura para la comercialización, entre otras.

La profundización de la crisis económica hacia mediados del 2018 y la campaña electoral del 2019 ofrecieron un terreno fértil para fortalecer articulaciones entre organizaciones sociales y gremiales opositoras al gobierno. Las distintas expresiones del sindicalismo tradicional de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CNCT, el Triunvirato de la economía popular y otras organizaciones sociales apoyaron la plataforma del Frente de Todos que triunfaría en las elecciones. Tal como mencionamos en el apartado anterior, algunos sectores de la CTEP^[29] y la CNCT convergieron en el Primer Foro Federal de Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular. En dicha ocasión, el secretario general de la CTEP Capital, Rafael Klezjer, sostuvo que “las expectativas de este Foro tienen que ver con generar un escenario de unidad de las cooperativas de trabajo en todo el país (...) Y en segundo lugar, un poco más teórico, plantear la necesidad de que las cooperativas no somos una salida a la crisis sino que somos una alternativa al capitalismo (...)”^[30]. Estas palabras ilustran el sentido principal del foro, orientado a dar una señal de unidad del cooperativismo de trabajo. Sin embargo, como veremos más adelante, tuvo dificultades en su consolidación programática.

Recapitulando, durante el ciclo 2016-2019 y en un escenario de ofensiva neoliberal, las organizaciones nucleadas en la CTEP lograron articular demandas, unificar un sentido común propio de la EP y construir ideas con las que lograron incidir en algunas políticas del gobierno. Desde el punto de vista socioeconómico, el crecimiento cuantitativo de la desocupación y la pobreza a lo largo del periodo dieron impulso a las demandas por un Salario Social Complementario que si bien replicaba las políticas sociales de transferencia condicionada de ingresos, permitía atender necesidades de los/as trabajadores/as sin salario. En este sentido, Pellagatti (²⁰²²) sostiene que las organizaciones de EP reconfiguraron sus estrategias políticas durante el período de gobierno de la alianza Cambiemos lo que les permitió tener un rol más protagónico y negociador que el que adoptaron las organizaciones del mundo cooperativo, que resultaron fuertemente golpeadas por freno en la compra estatal, el recrudecimiento de la economía y el fuerte sesgo asistencial de la política social.

Al mismo tiempo, la creciente financiarización y endeudamiento de los sectores populares condujo a su inserción en circuitos de captación fiscal y financiera, acentuando las condiciones de explotación (Arango, Chena y Roig, ²⁰¹⁷). En esta línea, el discurso de las organizaciones nucleadas en la CTEP se orientó fuertemente señalar que a pesar de ser trabajadores/as sin patrón existen procesos de explotación y desvalorización del trabajo, y de captación de plustrabajo (principalmente a través del consumo) configurando lo que denominan un “patrón oculto”.

Cabe agregar, que la legislación aprobada en estos años institucionalizó a la EP y otorgó un encuadre normativo a sus actividades y organizaciones. En conjunto, las acciones de este período derivaron en mayor reconocimiento estatal hacia la EP y la consolidación de la estrategia “golpear y negociar” o “exigir y proponer” como una marca propia de la CTEP. Para ello, pusieron en juego diferentes estrategias que no se manifestaron en forma pura sino a partir de “diversas bifrontalidades” (Maneiro y Nuñez, ²⁰²¹), combinando las acciones de calle con mecanismos de negociación institucionalizados^[31]. Tal como lo reconstruyen Maneiro y Nuñez (²⁰²¹) estas formas de acción colectiva se convirtieron en una característica que identificó (y los sigue haciendo) a estas organizaciones.

En diciembre del año 2019, las organizaciones nucleadas en la CTEP, la CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán dieron nacimiento a un sindicato único denominado Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La elección de esta figura jurídica continuó con la estrategia de la CTEP de adoptar la institucionalidad y los instrumentos organizativos del mundo sindical para colectivos laborales excluidos del mundo salarial (Grabois, ²⁰¹⁶). Es decir, mientras que la CTEP agrupaba a federaciones y cooperativas en una forma “híbrido” entre la integración cooperativa y la asociación sindical, la UTEP se constituyó como una organización sindical de primer grado (una Unión) reflejando en su propia estructura el modelo sindical argentino.

Como mencionamos con anterioridad, en el año 2016 la CTEP obtuvo la personería social mediante la inscripción al Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas. La Resolución que lo habilitaba era una norma circunscrita al reconocimiento de la existencia de organizaciones que se dedican a la implementación de programas sociolaborales y que contribuyen con el Estado a la formulación de políticas públicas. En el año 2021, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social definió un ámbito más específico para la institucionalidad de la EP (a la cual denominó “economía popular de subsistencia”). Mediante la Resolución 118/2021 creó el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica por el cual se reconocía la facultad de constituir asociaciones no contempladas en la Ley de asociaciones sindicales y habilitaba la representación gremial de la EP con una institucionalidad cercana pero diferenciado del cuerpo legal de los sindicatos tradicionales. En este nuevo marco institucional, la UTEP obtuvo su nueva personería social^[32] a través de la Resolución 449/2021.

La gestión del gobierno nacional iniciado en diciembre de 2019 sumó nuevos referentes de la EP como funcionarios a cargo de ciertas áreas del Estado, principalmente en Desarrollo Social (en la que ya se venían desempeñando), Hábitat, Producción y en el INAES. No se trató de una nueva estrategia sino de una práctica ya instalada en la gestión estatal que Perelmiter (²⁰¹²) analizó en clave de “subir a los movimientos”. Esto ofreció una plataforma para el despliegue de un mayor número de intervenciones públicas como el programa Potenciar Trabajo y la aceleración de la implementación de leyes con sus respectivas partidas presupuestarias, como fue el caso de las políticas de urbanización de barrios populares con participación de cooperativas de trabajo en la obra pública. A poco más de tres meses de iniciada la gestión del Frente de Todos sobrevino la pandemia del covid-19 que alteró profundamente el rumbo de la vida política e institucional del país y de toda su población. A ello nos dedicaremos en el apartado siguiente.

La economía popular, social y solidaria ante la crisis del COVID-19

El 20 de marzo de 2020, el gobierno nacional decretó el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) categorizara al covid-19 como pandemia. El virus y las medidas de confinamiento se convirtieron rápidamente en multiplicadores de la crisis en varias dimensiones de la vida social que impactaron de manera diferente en los distintos grupos sociales y laborales. Por ello, y tal como lo señalamos con anterioridad, este momento representa un corte en la temporalidad del fenómeno que venimos analizando, y motiva nuevas preguntas referidas a los cambios en las agendas de la CNCT y la CTEP/UTEP derivados de esta crisis. Asimismo, buscamos reconocer si esta situación de emergencia empujó mayores convergencias entre ambas organizaciones y sobre qué cuestiones se construyeron tales acuerdos, si los hubo.

Desde la perspectiva de la CNCT, la pandemia y las restricciones en el marco del ASPO modificaron sustantivamente el escenario optimista que para el cooperativismo se había abierto con el cambio de signo político en el gobierno nacional. La paralización de la mayor parte de la actividad económica en el país, llevó a la confederación a retomar con mayor fuerza las demandas vinculadas con la subsistencia de sus trabajadores/as.

Así, en los comienzos del ASPO, sus demanda se centraron en la compra estatal de insumos producidos por algunos sectores (fundamentalmente el textil para la provisión de barbijos e indumentaria para trabajadores de la salud) y en el reclamo de inclusión de las cooperativas de trabajo en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)^[33]. El mismo contemplaba la asistencia estatal para cubrir una parte del salario de trabajadores/as en relación de dependencia, sin embargo, excluía las unidades productivas autogestivas.

Las cooperativas de trabajo y sus asociados/as nunca estuvieron incluidas en dicho programa pero en su lugar el MTEySS reabrió, en junio de ese año la Línea 1 “de emergencia” en el marco del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA). Estaba destinada a brindar apoyo económico a los/as trabajadores/as autogestionados/as por un monto inicial de $9.000 (que representaba el 53% del salario mínimo vital y móvil en junio del 2020). Luego de reiterados reclamos, las organizaciones representantes de estos colectivos laborales lograron que la suma ascendiera a $16.500, un monto equivalente al “piso” de ingresos que recibían los/as alcanzados/as por el programa ATP. Desde la perspectiva de la CNCT, si bien los montos y la extensión en el tiempo de los beneficios fueron muy inferiores, la apertura del programa significó una señal de reconocimiento y protección hacia los/as trabajadores/as asociativos/as autogestionados/as. A partir de ese momento, las acciones de la confederación estuvieron focalizadas en el reclamo por el aumento del monto del beneficio, la continuidad del programa y otras formas de asistencia económica del Estado para las unidades productivas (Sosa, ²⁰²¹).

En el mes de agosto la CNCT junto a la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de la CGT, la Mesa Nacional de Unidad Pyme, entre otras organizaciones, lanzaron el “Espacio de Producción y Trabajo”. Este fue presentado como una plataforma en búsqueda de la unidad en los objetivos del trabajo cooperativo, empresas pymes y empresas recuperadas “para dejar de estar a la defensiva y pasar a una etapa propositiva”^[34]. Las organizaciones participantes partían del acuerdo sobre la necesidad de un Estado activo que motorice programas de promoción de la inversión en obra pública, en infraestructura social, la producción y el empleo. A la vez que reivindicaban la incorporación del “sujeto que produce, es decir al empresario nacional pyme, urbano o rural y a las cooperativas de trabajadores” en los esquemas de toma de decisiones vinculados con la formulación de políticas públicas, para lo que buscaron la participación en el Consejo Social y Económico^[35].

En el año 2021, la confederación persistió en el reclamo de asistencia económica demandando la continuación de la Línea 1 “de emergencia” del PTA. También reiteraron la necesidad de un Estado protagónico en la promoción de políticas públicas que contraten trabajo cooperativo de manera intensiva^[36]. En esta clave propusieron una ley de compre cooperativo como forma de garantizar contratación estatal de sus productos y servicios en la ejecución de obras públicas.

Si bien el fin de las medidas del ASPO representó el comienzo de una incipiente recuperación económica, el mundo cooperativo se vio una vez más en desventaja respecto del crecimiento de algunas pocas grandes empresas. Así, las demandas de este sector transitaron desde la asistencia a sus trabajadores y las unidades productivas durante la emergencia al reconocimiento como “empresas sociales capaces de producir, reinvertir excedentes, crear puestos de trabajo digno y calificado”.^[37] En esta dirección, exigían tener “un rol central en una nueva estructura productiva nacional orientada al bienestar de la familia argentina como prioridad política”. Asimismo, cuestionaron a las políticas para la recuperación económica que lejos de orientarse a fortalecer la producción interna modificando las cadenas de producción y del consumo, favorecieron a los actores tradicionales y específicamente al capital concentrado que controla los precios de los alimentos y los servicios básicos.

En el caso de las organizaciones de la EP, inicialmente su agenda estuvo marcada por el reclamo de ajustar las regulaciones y medidas sanitarias gubernamentales a la realidad de los territorios. En primer lugar, las capacidades organizativas de cuidado comunitario se tradujeron en el Programa de Emergencia Sanitaria “El barrio cuida al barrio”. La situación habitacional de los barrios populares hacía imposible el aislamiento social en el interior de las viviendas tal como se pregonaba desde el Estado. Por ello, las organizaciones plantearon la necesidad de un dispositivo de cuidado comunitario. De esta manera, por ejemplo, los comedores comunitarios pudieron seguir funcionando con medidas sanitarias y mediante la entrega de viandas.

Al mismo tiempo, y al igual que lo expresaron las reivindicaciones de la CNCT, la crisis social que siguió al inicio de la pandemia reactualizó como eje principal de su agenda la lucha contra el hambre. Es por ello que las organizaciones de EP reforzaron el reclamo por mayores partidas alimentarias para los comedores y merenderos y plantearon la extensión en el tiempo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)^[38]. Su presencia en el territorio fue clave para “bajar”^[39] y “traducir”^[40] (Perelmiter, ²⁰¹²; Hudson, ²⁰¹⁸) las intervenciones estatales desordenadas al inicio de la pandemia a las dinámicas y necesidades de cada territorio, distribuyendo los bolsones de alimentos, gestionando campañas de vacunación, la inscripción a programas sociales o desplegando protocolos de atención en casos de violencia de género.

Una vez superada la etapa más álgida de la primera ola de la pandemia, retomaron otras demandas, como la propuesta de un Plan de Desarrollo Humano Integral por parte de un sector de la UTEP, la necesidad de Salario Básico Universal acorde a la petición impulsada por el Papa Francisco y el reclamo por créditos para escalar la producción de la economía popular.^[41]

El Ejecutivo nacional respondió al histórico reclamo de mayor visibilidad e institucionalidad de las unidades productivas autogestionadas y de EP con la efectivización del ya aprobado por la LES, Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) en junio de 2020. Unos meses después, en febrero 2021, la asunción de la presidencia del INAES por parte de quien antes se desempeñaba como asesor del área de Economía Social del MDS, Alexandre Roig, renovó las expectativas en torno a una nueva forma jurídica asociativa o, en su defecto, de lograr flexibilizar las condiciones para conformar cooperativas de trabajo (Resolución “Renovar” N° 1000/21).

En síntesis, en los años de pandemia la agenda de la UTEP se centró en dar respuestas a las urgencias de los sectores populares vinculadas principalmente con la alimentación y la gestión sanitaria. Superada la etapa más aguda del confinamiento, emergieron nuevamente las demandas estructurales e históricas referidas al reconocimiento estatal del trabajo de la EP, su valorización y visibilización. La participación de nuevos referentes de la UTEP en distintas dependencias estatales fortalecieron la acción institucionalizada como estrategia política de la organización, en un momento en el que la intervención y protesta en la calle estaba vedada. Las palabras de Sonia Lombardo, responsable del ReNaTEP, son elocuentes al respecto cuando señala que “venimos a representar y a intentar implementar, y en algunos casos a demostrar, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo desde afuera del Estado”^[42]. Principalmente orientaron sus agendas a través de la Secretaría de Economía Social, la Secretaría de Integración Socio Urbana y el INAES, promoviendo el registro estadístico del sector de la EP, la formalización a través de formas cooperativas y la flexibilización de la carga burocrática para constituirlas.

Miradas desde el Estado, este movimiento de “subir a las organizaciones” (Perelmiter, ²⁰¹²) a gestionar áreas de su incumbencia podría ser interpretado como un mayor reconocimiento y valorización de la EP por parte del gobierno nacional. Puntualmente, la funcionaria citada sostiene que “la valorización no es un proceso meramente económico que se mide en números, es un proceso social” que está estrechamente vinculado con “la legitimación, con el reconocimiento del Estado, porque influye en la capacidad subjetiva de ese/a trabajador/a […] La legitimación no es unilateral, hay que construirla con los diferentes actores que intervienen en una política determinada”^[43].

Sin embargo, la emergencia sanitaria derivó en una crisis económica y social que motorizó nuevas demandas y acciones colectivas. Hacia mediados de 2021 la UTEP intensificó el debate sobre la necesidad de implementar un Salario Básico Universal (SBU) ante la caída generalizada de los ingresos y las limitaciones que tuvo la política de la Tarjeta Alimentar, entre otras cosas, producto de la inflación^[44]. El SBU es una iniciativa inspirada en los debates sobre la renta básica iniciados en la década del ochenta y revitalizados en la última década. Propone un piso de ingresos mínimos equivalente a la canasta básica de alimentos para garantizar la reproducción de la vida de la población de bajos ingresos (desocupados, trabajadores informales y monotributistas de categoría A). Además se presenta como una continuidad del IFE implementado durante la pandemia. Diversos actores dieron soporte a esta propuesta, desde el Papa Francisco hasta dirigentes políticos locales, pero la iniciativa no logró prosperar en el Congreso^[45].

Reflexiones finales

En este artículo hemos analizado un fenómeno que se inscribe en una larga temporalidad marcada por la emergencia del trabajo “sin patrón”. Identificamos un primer momento vinculado con la emergencia del desempleo y la flexibilización laboral como problemas sociales acuciantes y la conformación de organizaciones de desocupados/as para canalizar demandas y articular reivindicaciones asociadas al mundo salarial. La creación a ritmo exponencial de cooperativas como formas alternativas de trabajo y la implementación de políticas sociales orientadas a promoverlas y apoyarlas fueron otros signos de una época caracterizada por la transformación y heterogeneización del mundo del trabajo.

Inscribimos este artículo a partir del año 2006, momento en el que situamos el inicio de una segunda etapa en el devenir de las organizaciones del trabajo sin patrón. Una de las marcas de esta época fue la multiplicación de las instancias de organización y representación, que más allá de sus diferencias y reconfiguraciones posteriores, compartían el reconocimiento de los/as desocupados/as y los/as trabajadores/as asociativos/as autogestionados/as como sujetos de derecho con potencia autónoma de un patrón, y a quienes el Estado debía garantizar los mismos derechos reconocidos a los/as asalariados/as. Las dos organizaciones analizadas en este artículo se gestaron y constituyeron en este segundo momento.

En particular, nos preguntamos por las agendas construidas por ambas organizaciones representativas del trabajo asociado, en el caso de la CNCT, y de la EP, la CTEP/UTEP; desde su creación hasta la salida de la emergencia sanitaria en diciembre de 2021, sus puntos de encuentro y sus divergencias. Para ello, hemos adoptado un enfoque epistemológico que si bien reconoce diferencias sustantivas entre ambas expresiones del trabajo sin patrón, coloca el foco en los atributos compartidos, buscando captar aquellas ideas que sintetizan y articulan sus luchas y proyectos.

En este sentido, si bien los testimonios no nos permiten reconstruir una agenda común a ambas organizaciones (aunque podamos conjeturar acerca de las potencialidades de esa unidad estratégica), identificamos dos instancias en las que convergieron las acciones de la CNCT y la CTEP/UTEP: llamamos articulaciones “urgentes”, retomando la expresión de Merklen (2005), a aquellas derivadas de la confluencia espacial y temporal en acciones conjuntas referidas a determinados problemas o cuestiones de coyuntura; y denominamos tensiones programáticas, a aquellas articulaciones que se caracterizaron por compartir un campo de problemáticas comunes pero con desacuerdos en torno cómo (las herramientas y estrategias) y con quién (las alianzas) intentar resolverlas.

En referencia a las articulaciones urgentes, sus vinculaciones aparecen reflejadas en acciones colectivas como el Primer Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestiva y Popular desarrollado en julio de 2019 (CNCT, CTEP, FACTA, FEDECABA, ACTRA y GESTARA) y en movilizaciones convocadas por centrales sindicales, CTA y CGT, en respuestas a las políticas económicas neoliberales y sus efectos en la población que vive de su trabajo. Entre las temáticas compartidas se destaca como eje principal la demanda por trabajo (esto es, contratación pública de cooperativas y de trabajo de la EP), políticas de incentivo a la producción autogestiva y popular, y la legitimación y protección social de estas formas de trabajo asociado.

Otra convergencia se dio en el marco de la Mesa Intersindical de Mujeres, la cual surgió entre 2016 y 2017 en un momento de creciente movilización feminista. En dicha mesa confluyeron la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, nucleamientos sindicales como la Corriente Federal de los Trabajadores, la CTEP y la CNCT (Rodríguez, 2020). El primer paro nacional de mujeres (2016), el paro internacional de mujeres del 8 de marzo de 2017 (8 M) y Las discusiones desarrolladas dentro de las organizaciones sindicales con motivo de la renovación de autoridades, formaron parte del escenario en el que se produjeron estas articulaciones entre CNCT y CTEP/UTEP.

La emergencia desatada por la pandemia no motivó un mayor acercamiento entre las organizaciones analizadas en este artículo, aunque sus demandas encontraron fuertes puntos en común en torno a la necesidad de reconocimiento estatal del trabajo asociativo autogestionado como sujeto de derechos y la valorización de sus actividades y productos.

En cuanto a las tensiones programáticas reconocemos puntos de convergencia y de tensión. Más allá de la falta de acuerdos explícitos identificamos posicionamientos compartidos respecto de las problemáticas principales que atraviesan a estos colectivos laborales. Ambas organizaciones reconocen que la clase trabajadora viene sufriendo fuertes procesos de heterogeneización, precarización y exclusión, y asumen un posicionamiento en favor de quienes están excluidos/as de toda relación salarial. Por ello, promueven proyectos de autoorganización de la producción a partir de la recuperación de empresas, la autogestión, la cooperativización, la organización comunitaria, etc. Al mismo tiempo constituyeron fórmulas gremiales alternativas al sindicalismo clásico como organizaciones de segundo y tercer grado, movimientos sociales y organizaciones sindicales novedosas.

Sin embargo, siendo estos estos algunos de los aspectos de convergencia más sustantivos, existen diferencias por las cuales las organizaciones trazaron horizontes divergentes. Estas disidencias se expresan en: 1) las alianzas gremiales que proyectan, 2) las estrategias de disputa y negociación con el Estado y 3) los modos de significar e identificar a los sujetos que representan. En cuanto al primer punto, mientras que la CNCT ha planteado una estrategia más cercana a la CTA y su lógica gremial, la UTEP (mediante una alianza de movimientos sociales) ha buscado acercarse a la CGT. Respecto al segundo punto, la CNCT ha mostrado mayor afinidad y cercanía al peronismo/ kirchnerismo, mientras que la UTEP es un crisol de movimientos sociales con diferentes posicionamientos y alianzas hacia su interior. Por último, en tanto la CNCT busca el reconocimiento de las especificidades del trabajo asociado y la integración al mercado con preferencias como proveedoras del Estado, la UTEP se define como emergente de la dinámica de acumulación capitalista en la búsqueda de agrupar y procesar en términos de clase a quienes se ven obligados a inventarse su trabajo como consecuencia de un proceso de creciente desposesión.

Así, la convergencia entre la CNCT y la UTEP describe más una coincidencia táctica que una sintonía programática, abonando a la idea inicialmente planteada en este artículo acerca de que los problemas sociales no existen como hechos objetivos puros, sino que se construyen deliberadamente por parte de actores interesados en motorizar ciertas demandas. Es necesario recordar que el interés de este trabajo por los puntos de convergencia entre ambas organizaciones obedece a la inquietud acerca del potencial emancipatorio del trabajo sin patrón y su capacidad para articular proyectos populares que disputen hegemonía al capitalismo. En este sentido, por el momento, ninguna de las organizaciones se presenta como actor fundamental para trazar un camino alternativo a la lógica capitalista. Más bien cada una desarrolla sus “modus vivendi” (en palabras de Boaventura de Sousa Santos) con el sistema que permita minimizar los costos sociales de la creciente crisis derivada de la acumulación capitalista.

Ahora bien, también debe ser mencionado que la construcción de las agendas por parte de cada una de ellas fue producto de numerosas disputas y tensiones en su interior. Los recorridos históricos que hemos intentado reconstruir dan cuenta de diferentes rupturas y reencuentros, así como también de los obstáculos, avances y retrocesos en la formulación de una plataforma común. En el caso de la CNCT, la agenda de reivindicaciones siguió un largo camino de discusiones entre el movimiento de empresas recuperadas, el cooperativismo clásico y el cooperativismo de programas sociales que no siempre llegaron a un acuerdo y que, en más de una ocasión, derivaron en rupturas internas. En el caso de la CTEP/UTEP la formulación del concepto economía popular logró coagular una amplia diversidad de experiencias y situaciones laborales, pero no fue un proceso exento de discusiones respecto a las orientaciones, prioridades y posicionamientos en relación a cada coyuntura política.

La tensión entre las demandas urgentes y la construcción de un proyecto popular adoptó características especiales en el caso de la CTEP/UTEP en tanto su estrategia se basó en posicionamientos ambivalentes que le permitieron transitar de la formulación de demandas particulares vinculadas con cuestiones urgentes a reivindicaciones por derechos gremiales. Sus estrategias también pendularon entre las acciones de calle y los reclamos ante el Estado y la participación en la gestión pública. Esta marca propia de la CTEP/UTEP que combina la construcción de una identidad sindical con prácticas de movimiento social la definen como una una organización anfibia (Rach, 2022) en tanto su lógica de acción colectiva se desplaza por diferentes arenas en las que construye su identidad.

La agenda estatal no fue abordada explícitamente en este artículo, pero sin embargo podemos reconocer ciertos momentos de encuentro y otros de tensión entre las organizaciones analizadas y los sucesivos gobiernos nacionales. Por un lado, la ESyS y la EP fueron ganando protagonismo en las políticas estatales como hemos documentado en sucesivos artículos (Deux Marzi, 2018), especialmente en las áreas de desarrollo social. Ello motivó varios procesos de traducción a la lógica estatal -en clave de programas de asistencia y/o promoción- de estrategias productivas y reproductivas de los sectores populares; y el creciente protagonismo de las organizaciones de economía popular, social, solidaria territorializando las intervenciones estatales, cuestión que adquirió vital importancia durante la emergencia desatada por la pandemia. Sin embargo, ello no evitó el creciente desacople entre las demandas populares por mayor reconocimiento de derechos para estos colectivos laborales y los imaginarios estatales que continuaron asignándoles formas inferiorizadas de reconocimiento y protección.

En esta línea, sostenemos que a lo largo del período analizado los sucesivos gobiernos nacionales han mostrado una incomprensión de los cambios que ellos mismos generaron a partir de los programas de inclusión laboral a través de cooperativas y otras formas asociativas promovidas desde el Estado. Al mismo tiempo, si bien existen claras señales de un mayor reconocimiento de las demandas contenidas en las agendas de la EP y el trabajo asociado, el vínculo entre el gobierno nacional y las organizaciones representadas en la CNCT y la UTEP no da cuenta de una mayor participación y valoración de estos colectivos como actores económicos sino más bien exhiben una articulación fragmentada acorde a las alianzas políticas que habilita la coyuntura.

Recapitulando, en este artículo nos hemos preguntado por las agendas de la CNCT y la CTEP/UTEP, sus confluencias y divergencias. Nos interesó analizar tales agendas porque representan instrumentos públicos de disputa y negociación con el Estado y entre las organizaciones, y por ende constituyen herramientas fundamentales para la institucionalización de la ESyS y la EP. En esta dirección, en ambos casos buscaron traducir y canalizar las necesidades de los sectores que representan hacia la formulación de intervenciones estatales (leyes, programas de promoción, mecanismos de formalización, etc.) que reconocieran derechos para sus integrantes. Ahora bien, siendo éste uno de los aspectos de confluencia más sustantivos, trazaron horizontes divergentes y se dieron estrategias para ganar visibilidad y sostenerse en el tiempo también diferentes, abonando a la construcción de proyectos políticos que parecieran no encontrar más que algunos puntos coyunturales en común.